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Mientras España no deje
de ser lo que es, el programa
tradicionalista será el mismo que fue. A
través de los cambios y mudanzas de las
cosas políticas, la Comunión Tradicionalista
se conservará firme en sus postulados, ajena
a los fracasos y a la crisis hondísimas que
pesan sobre la Patria, y acentuando su
decadencia la ponen al borde de la ruina.
Dios, Patria y Rey, así
expresados y por este orden, son los puntos
sintéticos del programa. Católicos,
españoles y monárquicos son los términos de
nuestra definición: Católicos sobre todas
las cosas, amantes de nuestra Patria, la más
gloriosa de la Historia Universal y
monárquicos en cuanto anhelamos la monarquía
tradicional española como forma de gobierno
consustancial con las esencias nacionales de
España.
RELIGIÓN
Con sujeción de la
Iglesia Católica creemos que los Estados
como los individuos tienen el deber de
profesar la fe católica. Rechazamos el
laicismo de Estado y queremos la
restauración católica española sobre la
tesis de nuestra Unidad Católica “símbolo
de nuestras glorias, espíritu de nuestras
leyes y bendito lazo de unión entre todos
los españoles”.
LA UNIDAD CATÓLICA
Los españoles que
profesan alguna religión son católicos. Ante
todo, bautizados y por tanto súbditos de la
Iglesia y sujetos a su jurisdicción. Buenos
o malos católicos, incumplidores muchos por
desgracia, de sus deberes pero católicos.
Porque en España no hay infieles ni existen
sectas disidentes (grande bien a nuestros
católicos reyes), en nuestra Patria no se
concibe el régimen de libertad de cultos o
de tolerancia. El ateo, el impío, no profesa
ninguna religión y no tiene derecho alguno a
mermar los derechos de los que la profesan.
RELACIONES ENTRE LA
IGLESIA Y EL ESTADO
Las relaciones entre la
Iglesia y el Estado deben ser en España las
de íntima unión de dos sociedades completas
y perfectas en sus órdenes respectivos con
independencia absoluta de aquella para la
realización de los fines de su divina
institución, e independencia también del
Estado para el logro de sus peculiares fines
aunque sujeto a la Iglesia en lo espiritual.
Así no puede haber
conflictos entre ambas potestades, sino que
se armonizan y se ayudan. Y con la paz de
las conciencias se asegura el bienestar de
todos: de los católicos buenos y de los
incumplidores, impíos y ateos, que aparte
que puedan mejorar espiritualmente, podrán
en lo material realizar sus fines de vida,
ya que el Estado que en la unión nada pierde
que le pertenezca, es mucho lo que gana para
el orden y la paz pública.
SEPARACIÓN EN LO
ECONÓMICO
Queremos la
independencia económica de la Iglesia una
vez que obtenga los bienes que en
“inmenso latrocinio” le fueron
arrebatados y en la actual persecución
masónica se le niegan.
Repugnamos el regalismo
que sujetó a la Iglesia a un Patronato, que
concedido por los Papas a los Católicos
Reyes Españoles como recompensa por sus
servicios a la fe y como medio de
acrecentamiento de esa misma fe y auxilio de
la Iglesia, vino a parar a manos de los
Ministros liberales que impíos o masones
muchas veces, venían a intervenir en la
elección o proposición para cargos
eclesiásticos, con merma de la independencia
de la Iglesia y riesgo de sensibles
designaciones.
LAS LIBERTADES
El Tradicionalismo es
esencial y fundamentalmente antiliberal. Al
liberalismo debe España su decadencia y toda
la actual corrupción. Defendemos con el
denuedo que nadie igualó, las libertades
personales de la dignidad humana, de la
humana sociabilidad y de la condición de
católicos y españoles, esas libertades que
la Iglesia misma declara y que en nuestras
tradiciones patrias se encuentran
consagradas. Pero es porque esas libertades
se contienen dentro de los límites que la
misma dignidad humana y el orden social,
establecen.
Libertad de conciencia,
pero no por la insubordinación de la razón
contra la fe, sino por la aceptación de las
enseñanzas de la Verdad Única. No se puede
imponer a nadie una fe ni la profesión de
católico, pero a nadie es lícito manifestar
ni exteriorizar lo que repugne al dogma del
que la Iglesia es depositaria o a los
fundamentos sociales sin los que la Nación
se aniquila.
Libertad de enseñanza,
reconociéndose el derecho de la Iglesia a
enseñar cualesquiera clase de disciplina,
como a la familia, las corporaciones, los
municipios y en general a todos los
ciudadanos con sujeción a la moral de la
Iglesia y en lo tocante a orden social y
colación de títulos que capaciten para
cargos públicos, al Estado.
Y siempre dentro de
aquellos límites fundamentales, libertad de
asociación y de reunión, de prensa y de
propaganda, de profesión y de trabajo, de
domicilio, que no pudo el liberalismo llegar
tan lejos en el reconocimiento de las
verdaderas libertades, ni supo resistir
tanto ni alzarse tan intrépidamente contra
la tiranía y toda opresión.
A eso obliga la
cualidad de católico del Estado, porque
“la unidad católica es la primera ley
fundamental de la sociedad española, y
contra ella, o no informada por ella, no hay
ley que obligue, ni derecho que prevalezca,
ni autoridad legítima, ni enseñanza lícita,
ni doctrina libre, ni obra permitida; porque
ella es en nuestra tradición secular raíz,
base, norma y guía de toda autoridad y de
todo derecho, y código supremo de toda
acción y toda doctrina”.
PATRIA
La sociedad política
del Estado, ha de acomodarse a lo que la
sociedad civil es. Y España no es “un
montón de gente hacinadas sin unidad ni
cohesión, como las arenas en el desierto”,
ni un conglomerado disconforme de provincias
caprichosa y arbitrariamente diferenciadas,
ni es tampoco un Estado centralista y
absorbente ante el que deban abatirse y
anularse las diversas sustantividades
históricas.
Porque la Patria es
conjunto y asociación de familias “para
auxiliarse y cumplir la ley divina que
quiere que los hombres vivan en sociedad”
y de municipios, corporaciones, regiones,
“con vida propia y fuerzas robustas, no
sujetas al capricho de ningún hombre, sino
ordenadas por sus leyes peculiares, las
cuales son garantidas por las leyes
fundamentales que proceden del general
consentimiento y se fundan en la ley natural
y divina”.
Sobre la variedad
riquísima de las regiones y municipios,
existe la unidad de la Patria, a la que
repugna el separatismo, pero no daña el
reconocimiento de las diversas
personalidades de aquellas instituciones.
“La unidad es como el sol; el sol desciende
con la luz sobre todas las regiones,
atraviesa medios diferentes, se refleja en
superficies distintas. Es la unidad, la luz
idéntica en todas partes”, por lo que la
Patria ha de ser “intangible y sagrada
como debe ser la madre, a la que todos
veneran y ninguno discute sin mengua de su
propio honor”.
LA FAMILIA
Antes que la Nación,
existe la familia y a ésta mira antes que
nada el Tradicionalismo, añorando aquella
nuestra familia tradicional integrada no
sólo por los que están unidos por la sangre,
sino por las relaciones del trabajo y el
servicio, también: padres, hijos y criados,
como unidos por el amor y el deber antes que
por los intereses del egoísmo o separados
por la lucha de clases.
Pero la familia, ante
Dios y ante la ley, sólo se edifica por el
matrimonio católico. Y esa familia creada
por el sacramento, se perpetúa por la
indisolubilidad del vínculo y subsiste
porque al lado de los derechos de la mujer y
de su plena dignificación jurídica, existe
la autoridad paterna que por eso la familia
es la única monarquía por Derecho
Natural.
LOS MUNICIPIOS
Los municipios se
crearon como asociaciones de familia y
corporaciones en las que la libertad humana
naturalmente y sin artificio , agrupa a los
hombres para los fines de la vida, la
sociabilidad y el mutuo auxilio.
No han de existir los
municipios para señorío del cacique
político, sino para administrar sus
intereses comunales y procurar el bienestar
de sus ciudadanos, fomentar el comercio y la
industria y en particular en cuanto a los
más, la agricultura como fuente de riqueza
de todos y medio de sostenimiento de las
cargas municipales y para ayudar a las
familias y a las corporaciones en la
enseñanza, principalmente la primaria y la
profesional y técnica.
LA PROPIEDAD
La Propiedad, sostén de
la familia y fundamento de la sociedad, es
el motor insustituible de todo progreso y
clave de toda economía bien entendida, pero
contenida dentro de sus importantes deberes
sociales. Porque satisfechos los deberes de
justicia con el obrero, tiene el propietario
graves deberes de caridad que cumplir.
EL TRABAJO
El trabajo es medio
dignísimo de adquirir propiedad. Pero el
trabajador intelectual o manual es acreedor
de un salario justo y suficiente para cubrir
las necesidades familiares, los riesgos de
su trabajo, las vicisitudes de la vida y el
desamparo de la vejez, pero siempre fuera de
las luchas de clases que dañando a todos
dificultan la producción, destruyendo la paz
social y originando las más graves
perturbaciones.
LA LIBERTAD DEL TRABAJO
El liberalismo ha
convertido al obrero en mercancía; dejándole
remitido a las leyes de la oferta y la
demanda y haciéndole víctima del más cruel
desamparo; y el socialismo, agrupándolo para
fines políticos, le niega la verdadera
libertad del trabajo y le pone de escabel de
vividores y comparsa de desaprensivos. La
liberación de la clase obrera está en la
agremiación profesional.
EL PARO OBRERO
El obrero debe tener
garantido, presupuesto el cumplimiento de
sus deberes, un trabajo remunerador.
En el actual momento
histórico, aquella mal entendida libertad de
trabajo, esa conceptuación del
obrero-mercancía, junto a la disminución de
la producción nacional, han ocasionado en
España la crisis de trabajo más honda que
jamás se ha conocido. Ahí arranca el
desengaño de las clases populares a las que
se había anunciado el régimen como salvador
del proletariado; esa misma República de
trabajadores de todas clases que ha puesto
en su Constitución:
“La República asegurará
a todo trabajador las condiciones necesarias
de una existencia digna. La legislación
social regulará los casos de seguro de
enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez,
invalidez, muerte y… cien cosas más; la
República protegerá al campesino… a
pescadores, etc…”.
LOS GREMIOS
Tal como requieren las
modernas circunstancias es preciso que todos
los que viven del trabajo intelectual o
manual se agrupen en asociaciones gremiales,
no políticas, sino profesionales, de vida
cooperativa, de formación profesional y
técnica y mutua protección.
Técnicos en cuanto
forme obreros especializados, graduándolos
según su competencia, dándoles la enseñanza
adecuada, creando al efecto los centros
docentes que necesiten y expidiéndoles los
títulos de aptitud profesional que estimen
convenientes con lo que al bien de la
industria nacional se unirá el mejoramiento
del propio obrero.
Y esos gremios tienen
una función moralizadora de ética
profesional, porque el obrero y en su orden
el profesional, deben rendir el trabajo que
le sea obligatorio, dentro de los límites
que la justicia impone en cuanto a su
intensidad y a su duración.
Para sus fines y la
protección de sus miembros, deberán los
gremios poseer bienes, fomentar el ahorro,
dar préstamos y ser para el agremiado una
prolongación del propio hogar.
LA REGIÓN
Como ya se indicó,
sobre los municipios existe la Región como
conjunto de aquellos. Formáronse unos y
otros de manera natural y espontánea en el
transcurso de siglos y como frutos de las
actividades humanas, los afanes, el trabajo
y los sacrificios de nuestros padres y en
riquísima variedad se formaron diversamente
las regiones y aun dentro de cada una las
comarcas con deferencias que arrancando en
el lenguaje pasando por los usos y
costumbres se plasmaron en las leyes, en los
fueros, en los privilegios y en las
corporaciones administrativas. Pero la
Historia que juntó esos antiguos reinos en
la suprema unidad de la Patria, no quiso
uniformarlos, ni medirlos con el mismo
rasero, ni atentar a sus usos, ni negar sus
fueros, ni derogar sus leyes, ni borrar sus
límites con caprichosas divisiones
provinciales, que todo eso fue obra del
Estado centralista, suma y compendio del
despotismo de los gobiernos parlamentarios.
EL ESTADO
Correspondiendo la
administración a los municipios y las
regiones, como verdaderas autarquías, el
Estado ha de tener en cuanto a aquellos la
misión de armonizar sus relaciones y
resolver los conflictos, tutelar sus
intereses y asegurar sus libertades. Pero
tiene misiones propias que cumplir, que
derivan de su naturaleza y dimanan de la
unidad de la Patria: la defensa, la
enseñanza en todo lo que le es peculiar, las
obras públicas de interés nacional, el orden
público.
Conviene notar –pues
que atravesamos momentos tristísimos en que
se estás elaborando una desmembración del
territorio nacional- que el regionalismo es
la mejor garantía de la unidad del Estado.
El separatismo ha surgido como reacción
morbosa ciertamente, pero reacción contra el
centralismo absorbente del Estado liberal
del siglo XIX que como destruyó los
organismos históricos no ha perdido ocasión
de atentar a la constitución secular de las
regiones.
Pero el reconocimiento
de las autarquías regionales no puede venir
de un pacto judío-masónico, sino de aquel
soberano que no puede entrar a ejercer el
poder público sin antes jurar las leyes
tradicionales españolas que reconocen así
sustantividades históricas regionales; ni
puede hacerse como quiera en un momento en
que exacerbados los odios contra la Madre
Patria y desenfrenando el separatismo más
procaz, trata de aprovecharse de una
coyuntura de flaqueza o claudicación del
poder, sino que cuando la autoridad vuelva a
presidir los destinos de nuestra infortunada
España y un poder fuerte se enfrente con el
problema regional, allí donde se reconozca
los fueros, dejará sentada una base de la
integridad nacional.
En régimen republicano
el problema regional envuelve una impetuosa
tendencia secesionista porque entre las
regiones españolas sólo dos vínculos de
unión fuertes ha habido: la religión y la
monarquía.
El regionalismo es
punto de reconocimiento de los derechos que
la naturaleza jurídica de cada región creó
en el transcurso de los siglos. No es
cuestión de un entendido entre poderes
revolucionarios en contubernio torpísimo. Y
por eso en esas cuestiones, como en otras,
el Tradicionalismo reclama la
responsabilidad de todos aquellos que se
prestan a lo que es delito de alta traición
y lesa Patria.
EL EJÉRCITO
Necesita la nación de
un brazo armado, pero fuerte y disciplinado.
El Ejército voluntario y profesional.
Protesta el Tradicionalismo del servicio
obligatorio militar en tiempo de paz, que
arranca a los mozos del hogar a la hora en
que empiezan a ser en él precisos, quita
brazos a la agricultura e impone al
ciudadano un ejercicio para el que puede no
tener vocación, y a costa de todos esos
inconvenientes no logra tener al soldado
capacitado que necesita. La milicia es una
profesión; y como tal, libre y retribuida,
más eso no quita que todos los ciudadanos
aprendan la instrucción, con tal que sea en
sus residencias, enseñada por militares de
oficio.
LA JUSTICIA
La administración de
justicia debe ser pronta y barata y los
jueces inamovibles, con arbitrio judicial
aunque con plena responsabilidad. El
ministerio de las leyes, la abogacía
dignificada con la vida colegial o gremial,
las prerrogativas y la responsabilidad.
LAS CORTES
El sufragio universal
inorgánico y el parlamentarismo, originaron
la necesidad de los partidos políticos o
pandilla del jefe que dice poseer aquellas
reglas de gobernación del Estado, que sólo
él puede aplicar y cuando logra el Poder
tiene por primordial atención política la de
conservar y acrecentar sus huestes, poniendo
al servicio de esa empresa los intereses
nacionales.
No son las Cortes
españolas “asambleas tumultuosas o
estériles de diputados-empleados o de
diputados pretendientes de mayorías serviles
y de minorías sediciosas”.
Los parlamentarios de
tipo liberal dicen representar al individuo
en abstracto, al ciudadano, pero no
representan al hombre concreto, al hombre de
clase, de profesión, de gremio.
Y porque esas Cortes
son una ficción, han caído en descrédito, y
por eso principalmente, el régimen
parlamentario es ya un cadáver insepulto,
que está cancerando las entrañas de los
pueblos latinos.
Han de ser las Cortes
verdadera representación de las regiones y
de los municipios, de los gremios y de las
fuerzas vivas de la Nación. Allí deben estar
los intereses morales y los intelectuales y
materiales y los históricos. Acábese ya de
que los diputados se llamen liberales, o
radicales, o socialistas, o de la derecha, o
de la izquierda, términos, nombres vanos que
se cambian fácilmente sin que el hombre ni
en sus virtudes, ni en sus egoísmos cambie,
ni se modifique, ni se enmiende. Cese ya el
diputado en la representación del partido
político y su consiguiente dependencia del
jefe y tomen la representación de aquellas
instituciones en las que el ciudadano vive y
trabaja y se desenvuelve.
Nombren los
representantes en Cortes, el Clero, el
Ejército, las Universidades, la Nobleza, los
Colegios Profesionales, los gremios de
menestrales y obreros, las Cámaras agrarias,
industriales y comerciales, los Municipios y
Diputaciones. ¿No es todo esto la Nación así
constituida real y efectivamente por el
libre albedrío humano, que une a los hombres
en esas asociaciones? Pues que esa Nación
sea representada tal cual es, en sus Cortes.
EL MANDATO IMPERATIVO
Y pues que
representantes han de ser de la Nación, que
ésta mande y aquel obedezca. Por eso, sin
prejuicio de que el procurador en Cortes se
desenvuelva con libertad en su cargo, ha de
estar sujeto en los casos trascendentales al
mandato imperativo, o sea, las corporaciones
representadas podrán imponer a su procurador
aquella actuación o aquel voto que
previamente le determinen.
EL JUICIO DE RESIDENCIA
Cuando el partido
político desaparezca, cuando imperen en la
designación del gobernante su probidad y su
competencia, cuando el representante en
Cortes lo sea de su clase o de su gremio,
cuyos intereses ha de defender, se habrán
aminorado los riesgos de inmoralidad,
venalidad o negligencia en el funcionario o
en el procurador en Cortes. Pero hay más.
Todo funcionario al cumplir su encargo dará
cuenta de su gestión y se le hará efectiva
la responsabilidad en la institución
jurídico procesal de nuestro Derecho Patrio
llamada juicio de residencia. Cuantos tengan
cargos contra él, al juicio acudan ni la
coacción ni el favor puedan ser armas en sus
manos para mantener la impunidad de sus
desafueros.
LA MONARQUÍA
Somos monárquicos. Las
formas de Gobierno se las dan los pueblos,
pero no en un momento de irreflexión o en un
motín afortunado, sino en el transcurso de
los años como crean sus instituciones, sus
costumbres y sus leyes. Y en España hay un
régimen creado por el pueblo y unido
inseparablemente a la esencia nacional, en
su Historia.
Tres formas de Gobierno
pueden considerarse: La Monarquía
Constitucional del siglo XIX, la República y
la Tradicional Monarquía Española.
En la primera el Rey
reina, pero no gobierna, se decía; cuando en
realidad no gobierna y tampoco reina, porque
los que reinaban eran los ministros, los
políticos al uso, que si no podía el Rey
ordenar nada en la firma del ministro
responsable y si se decía que la potestad
legislativa residía en las Cortes con el Rey
y aquéllas eran juguetes en manos del
gobierno que había forjado la mayoría, toda
la tan decantada soberanía popular, venía a
radicar en el político de oficio, soberano
sin corona, verdadero déspota de los pueblos
parlamentarios, esclavos que no tienen
“en la frente la diadema del Derecho, sino
la huella del látigo que les hiere y les
ultraja”.
La República,
institución nueva en España, contraria a
nuestra tradición y extraña a nuestras
esencias nacionales, cuando menos, tiene
todos los males de la Monarquía
Parlamentaria y ni siquiera deja al Jefe del
Estado al margen o por encima de los
partidos políticos. Su concepto va unido al
de la impiedad más perniciosa y sus
realidades a toda persecución al catolicismo
y a todo desorden, inquietud y zozobra.
Defendemos la Monarquía
Tradicional Española. Para cada pueblo su
régimen propio. Para España el que forjó su
Historia.
No somos absolutistas,
pero queremos que el Rey reine y gobierne.
Realzada su autoridad por el ejercicio del
Poder, limitado su albedrío por el concurso
de las Cortes, completada su actividad por
la asistencia de sus ministros técnicos y de
sus Consejos, asegurada su gestión con la
administración de las regiones y municipios
y su rectitud con la responsabilidad de sus
actos.
Queremos la Monarquía
Española (que no fue absolutista hasta que
no entraron en España los principios
exóticos de la Enciclopedia) sino
templada como que el Rey por nuestras
leyes históricas debía ser el padre de sus
súbditos y mirar siempre que “no se
hicieron los pueblos para los reyes, sino
los reyes para los pueblos”.
Es nuestro Caudillo el
que por las leyes españolas tiene el
derecho, el Augusto Señor don Alfonso Carlos
de Borbón y Austria de Este, cuya sucesión
está asegurada por Derecho Patrio, en quien
jurará, llegado el momento, nuestras leyes y
nuestras tradiciones que son la prenda de
salvación de la Patria.
Este es nuestro
programa. El desinterés y la abnegación,
nuestra conducta, España, nuestro más
ferviente amor.
Dios. Patria. Rey.
Ideario de la C.T.C.
editado por las Escuelas Profesionales
Salesianas (Sevilla) a principios de la
década de los treinta
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