|
Llamamiento para la política actual
Pasada la primera etapa de la postguerra que
se dedicó a la reconstrucción del país y
emprendida la etapa posterior de desarrollo
económico y social, ahora el Generalísimo
Franco ha abierto el proceso político para
dar cauce a la realización de las
instituciones.
A
fin de que hagáis toda la aportación
necesaria a este proceso político, con el
mismo espíritu que os llamé al 18 de julio,
os llamo ahora para la reconstrucción
política de nuestro tiempo.
La
Monarquía, institución popular
El
futuro de España es la Monarquía. La
Monarquía nació para superar la disgregación
del feudalismo que había llegado a términos
anárquicos. La Monarquía fue, desde el
primer momento, una institución popular.
La
Monarquía de hoy ha de proteger al pueblo
contra los nuevos feudalismos políticos
(nacidos en el Siglo XIX), así como contra
los grupos de presión y los monopolios
totalitarios.
Estos feudalismos, grupos y monopolios, en
su lucha por el poder, son los reaccionarios
que vuelven a crear una situación anárquica,
origen de la inestabilidad de la Edad
Contemporánea.
La
Monarquía debe ser la garantía contra la
revolución de los poderosos y la defensora
de la paz y de las libertades populares.
La
Monarquía tradicional no necesita de
partidos monárquicos.
Tenemos que hacer nuestra aportación con
amplio espíritu de comunión nacional, sin
exclusivas partidistas. Es doctrina carlista
la desaparición de este Partido cuando se
establezca la Monarquía. Por eso no cabe
pensar en el Carlismo como un partido único
y permanente, ya que su existencia fue
debida a una necesidad política transitoria.
La Monarquía tradicional no necesita de
partidos monárquicos para subsistir. Lo que
sí necesita es tener una doctrina monárquica
seria que se exponga de antemano con
claridad necesaria para que todos las puedan
entender y aceptar y se pueda conseguir, con
ello, un asentimiento popular.
Sistema fuerte, no de fuerza.
El
pueblo español desea un sistema fuerte, no
de fuerza. Y no puede serlo si este sistema
no tiene una gran autoridad moral. Esta
autoridad moral se logra con el
reconocimiento de las necesarias libertades
públicas y de la facultad de fiscalización
de las Cortes Representativas, de la prensa
y de los demás medios creadores y
orientadores de la opinión pública. Todo
esto es necesario para lograr el
asentimiento público.
Evolución, legalidad, seguridad
Una
de las grandes preocupaciones actuales es la
seguridad y continuidad de nuestra
convivencia social. Proponemos que dentro
del orden establecido se siga el proceso de
evolución serena y pacífica, con
realizaciones de constante
perfeccionamiento. Impedir la evolución
sería provocar la revolución. En una
evolución constante está la seguridad. Hoy
puede garantizarse esta evolución constante,
intensa, acelerada cuanto sea preciso,
dentro del orden y de los cauces legales
vigentes, en tanto en cuanto éstos proclaman
la Monarquía Católica Social y
Representativa. Por eso dentro de la plena
legalidad podemos aportar elementos
constructivos a la tarea emprendida.
Voluntad de diálogo y acuerdo.
No
existe labor positiva si no existen voluntad
de diálogo y espíritu de acuerdo. Entre los
radicalismos ideológicos de izquierda o
derecha, hoy superados, el Carlismo se
mantiene en el centro de los principios de
derecho público cristiano, que son los
permanentes de nuestra constitución. Esta
exposición, en la cual coincidimos tantos
españoles, no trata de eliminar los
extremos, sino de fundir los extremismos en
la mayor unidad. No puede haber unidad si no
nace y se funda en el mayor respeto debido a
la natural y humana diversidad de opiniones.
Sistema representativo.
Esta
diversidad de opiniones, así como todos los
intereses de la sociedad, deben estar
representados en las Cortes. Los cauces de
representación para formar las Cortes son
los que brindan, en primer término, las
entidades infrasoberanas y los cuerpos
intermedios; como son los de tipo
territorial (municipal y regional), y los de
tipo profesional, con especial relieve de la
representación sindical por la importancia
adquirida en estos tiempos. Además de estos
dos cauces de representación, hoy es preciso
abrir un tercer cauce a la opinión pública,
que no es título de poder, pero sí es título
de representación, por ser indispensable en
toda sociedad sana para la alta orientación
de la política nacional. Con la
representación así entendida, en sus tres
fuentes fundamentales, podrán ser resistidos
dignamente los grupos de presión,
económicos, sociales y espirituales, que son
una realidad muy vivaz en la sociedad
contemporánea, y encauzados y aprovechados
para una empresa nacional.
Descentralización administrativa.
Sistema foral. La descentralización
administrativa es una necesidad en los
Estados modernos centralizadores, que han
llegado a adquirir tan monstruosas
proporciones, que resultan inmanejables. Aun
los Estados federativos como la
Confederación Helvética, la República
Federal Alemana, los Estados Unidos de
América y el Reino Unido de la Gran Bretaña,
tienen planteado agudamente este problema.
Lo mismo en Italia, la más moderna
nacionalidad europea, que está ya en vías de
grandes realizaciones descentralizadoras.
La
concepción foral del Carlismo, fundada en el
principio de subsidiariedad, está en plena
vigencia en el Derecho moderno. Y es de
aplicación, no sólo a las Regiones, sino a
toda la vida pública, para la defensa de las
libertades.
La
descentralización que supone nuestra
concepción foral es el mejor medio para
curar los separatismos, y el cauce seguro y
vivo de nuestra Unidad Nacional.
Recordamos hoy un pensamiento de Carlos VII:
“POR EL CAMINO DE LOS FUEROS ES POR DONDE
VIENE LA TRADICION DEMOCRÁTICA A NUESTRO
PUEBLO”.
Nuestra concepción foral, federativa, de
nuestra Unidad Nacional, es el mejor camino
para la Europa federativa que ahora está
naciendo.
Sistema social de justicia.
Otra
de las grandes inquietudes de hoy es la
justicia social. Tanto el Estado como la
Empresa tienen una gravísima responsabilidad
en lo que afecta a esta justicia. La Empresa
tiene una responsabilidad económica, humana
y social. De esta última no pueden inhibirse
en ningún momento. Tampoco puede inhibirse
el Estado y abandonar al libre albedrío de
la Empresa la realización de la justicia
social. Al Estado le compete la función
pública de protección y reglamentación del
trabajo y, de una manera especialísima, la
de suplir a la Empresa privada para hacer
justicia que exige el bien común y que no se
puede realizar en la órbita de cada empresa
particular. La existencia de un sistema
coherente de Seguridad Social, la fijación
de salarios mínimos y la igualdad de
oportunidades para todos los españoles, son
ejemplos de problemas que afectan al bien
común general y entran, por tanto, en la
responsabilidad del Estado. Todo esto, así
como la tutela de la función social de la
propiedad y la corrección de abusos,
corresponde al Estado, que por eso ha de ser
un ESTADO SOCIAL.
Iniciativa privada.
Aunque se den casos en que el bien común
exija que pasen al Municipio, la Región o el
Estado determinadas Empresas, la iniciativa
privada debe ser defendida para que sean
efectivos los avances del Estado Social,
porque a la iniciativa privada le incumbe
principalmente la creación de riqueza, y
debe ser defendida de la excesiva presión
fiscal y de la agresión de los monopolios.
La iniciativa privada es camino de acceso
del mayor número a la propiedad y una
defensa práctica contra los grandes poderes
económicos y contra los excesos del poder
político.
El
Rey.
En
lo que afecta a la función del Rey se ha
perdido mucho la noción correcta. Entre los
extremos de la concepción absoluta y de la
concepción puramente decorativa, está la
Monarquía justa. En la elaboración de las
Leyes, que son la ordenación de la razón al
bien común, deben intervenir todos los
consejos y dictámenes que sean necesarios.
Pero al Rey corresponde la promulgación de
las Leyes, porque la fuerza de obligar la da
el Rey con su firma. Esto es la garantía que
da el poder real, porque le compete defender
al pueblo contra los posibles excesos del
Estado. Y confiere al Rey una altísima
dirección política que respeta la necesaria
autonomía en la administración política,
tanto central como de las regiones.
En
estos momentos de inquietudes religiosas que
agitan al mundo, creo que la actitud más
aconsejable está en las palabras de Carlos
VII: “NO DARÉ UN PASO ADELANTE NI UN PASO
ATRÁS DE LO QUE DIGA LA IGLESIA CATÓLICA”
Espero que mis queridos carlistas, a los
cuales dirijo especialmente este
llamamiento, hagan honor a su noble historia
y acudan a esta necesidad política de la
Patria, que es de todos y necesita el
esfuerzo constructivo de todos. Espero que
lo hagan con la generosidad de siempre,
poniendo su plena personalidad política al
servicio de la sociedad, con un alto
espíritu de Comunión Nacional.
Pido
a Dios que ilumine a todos y bendiga a
España.
|
