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Portal Avant de los carlistas del Reino de Valencia Pensamiento tradicionalista Raimundo de Miguel El sociedalismo

El sociedalismo

Pensamiento tradicionalista - Raimundo de Miguel

Un aspecto que no sé si se ha resaltado suficientemente del Carlismo, es el de su presentación como doctrina científica, coherente consigo misma y que da respuesta satisfactoria a todos los interrogantes que la Ciencia política tiene planteados.

Considero muy importante este punto, que distingue al carlismo de otros grupos, partidos u organizaciones políticas. Estos suelen ser eminentemente pragmáticos, oportunistas y consiguientemente contemporizadores con todas las situaciones. Sólo parece interesarles la ocupación material del poder. Se produce así una perturbadora disociación en la política, que no es sólo arte de gobierno (degenerado hoy, a mera conquista y subsistencia), sino ciencia; y cuya tarea es hacer posible con su arte, la viabilidad de la verdad que con la ciencia descubre. Esta es la cierta nobleza del quehacer político, y la razón por la que el Concilio exhorta a los católicos, como deber apostólico, su dedicación a la cosa pública; sino, carecería de sentido el llamamiento.

Y son grandes ideas las que gobiernan el mundo. No es difícil la coincidencia en una medida concreta, lo grave es la motivación que la inspira; a su origen y finalidad es a la que hay que atender por su enorme trascendencia. No querer saber nada de ello, es negarse como político responsable.

Reducir la política a una mera técnica de administración del Estado supone una subversión de valores inadecuada y peligrosa. Inadecuados, porque la técnica es un medio para alcanzar los fines que la política persigue y por si misma, como fuerza no encauzada, es inservible; peligrosa, porque puede ser utilizada en beneficio de las más dispares ideologías. Entender así la política significa, o el reconocimiento de una impotencia intelectual para definirse, o una deserción interesada, que huye de todo compromiso.

Dejando a un lado la contingencia de la verdad política, es evidente que el afrontar una respuesta y ensayar una solución, para los distintos planteamientos que la filosofía política ofrece, supone un tanto muy positivo para el grupo que lo intente; y esto es lo que el carlismo no ha soslayado desde su aparición en la historia. Y a través de ella ha ido elaborando una construcción doctrinal, que hoy podemos contemplar en su proyección total, como acabada y completa.

En cualquier manual de Derecho Político que cojamos entre manos, nos encontraremos con una serie de temas que constituyen el contenido de la ciencia: la sociedad y el Estado, el origen del poder, esencia, estructura, fines y formas; relaciones entre la sociedad y el Estado: los problemas de las libertades personales y de la representación; la Constitución, etc., etc.

En forma sumaria intentaremos exponer la solución tradicionalista. Para definirla, como fórmula doctrinal basada substancialmente en la sociedad –y ocupado ya el término socialista- , “habría que buscar una palabra más sintética (don Enrique Gil Robles había empleado ya las de autarquía nacional) y que abarcase no solo la autarquía de cada persona social, sino la relación y conjunto de todas, desde la familia hasta el Estado…, de un gran sistema que por referirse a la sociedad civil entera y a la jerarquía de las entidades y clases que la forman, podría llamarse… y mientras no se marque con el tecnicismo de un vocablo helénico, sociedalismo” (Vázquez de Mella)

El término provisional, al no encontrarse otro más expresivo, ha venido a quedar por el transcurso del tiempo, como definitivo.

La sociedad organizada políticamente es algo que se nos ofrece como un hecho ante la consideración histórica. Pueblo y autoridad que le rige, no se encuentran, no son concebibles por separado; constituyen la materia y la forma de la comunidad política.

De aquí pues que la autoridad, la facultad de ordenar y dirigir a la sociedad hacia el fin que persigue, es innata a esta en cuento se nos aparece como tal. La autoridad comporta un poder para su ejercicio, y así el poder político, no se da en el hombre aislado, que no necesita mandarse a sí mismo; por lo que de un mero agregado numérico de individuos, no puede surgir la autoridad, porque si nadie da lo que tiene, de la suma de ceros no podrá obtenerse nunca la unidad.

La autoridad está pues, en la comunidad orgánicamente considerada, en cuanto trasciende a sus componentes y en un sentido teológico y solo para el cumplimiento del fin para el que la agrupación social se constituye. Es un medio de que la naturaleza –Dios- dota a aquella para hacer visible la realización de las variadas actividades humanas, que la persona no puede conseguir aisladamente.

Esta autoridad surge así naturalmente en la cédula social primaria, la familia, y va apareciendo sucesivamente en la complejidad de las relaciones sociales (ciudad, trabajo, cultura, etc.). Cada una de estas agrupaciones, de por sí parcelarias, se van relacionando mutuamente para entre todas atender a la satisfacción de las diversas necesidades humanas, e integrándose en estudios más perfectos y complicados, conforme estas necesidades crecen y la técnica desarrolla los medios de satisfacerla mejor.

Es este un proceso indefinido en el que en nuestros días presenciamos el paso del Estado nacional a la Comunidad Internacional. Pero esta es una circunstancia meramente indicativa: detengámonos en lo que hoy tenemos de momento. Cuando la suma de asociaciones parciales y diversas, hace necesariamente su coordinación en un orden más acabado, o sea cuando se descubre la insuficiencia del estado anterior, aparece un poder “sui géneris” o poder político (de difícil definición, pero en el que todos nos entendemos) que es el Estado.

Saquemos de lo que hasta aquí expuesto, las siguientes conclusiones:

  1. Que el poder reside en el grupo, no en el individuo.

  2. Que la autoridad supone conceptualmente y de hecho una distinción entre quien manda (gobierno, sujeto activo) y quien obedece (pueblo, sujeto pasivo); y que es filosóficamente falsa la pretensión pactista de identificar soberano-súbdito, a través del sufragio. La propia entidad de la autoridad y el cumplimiento del fin para el que nace, exigen para aquella una íntima facultad independiente de la voluntad del grupo (legitimidad).

  3. Que el poder procede de Dios, como depositario de la naturaleza de la cosa, la asociación, para que su finalidad sea posible. Si le priváramos de este superior origen no habría manera de resolver el conflicto nacido de la innata igualdad entre los hombres; la autoridad sería el resultado de una mera fuerza, personal o de facción (mayoritaria o no), no a la ascendencia moral, que es su esencia. La autoridad vendría a ser así, contraria a la dignidad humana.

  4. El poder, no es substancialmente de la distinta naturaleza en las sociedades inferiores y en el Estado.

Ha de aclararse que el que el poder proceda de Dios, no significa que lo sea directamente, sino de manera mediata a través de las distintas coyunturas sociales históricas, por las que la autoridad se nos aparece constituida. Como tampoco que necesariamente la concreción de la autoridad, haya de ser la fórmula de un pacto social, que si teóricamente no se excluye, de hecho se desconoce se existencia y por tanto resulta absurdo la pretensión de que todo el ordenamiento jurídico del Estado, haya de basarse en un supuesto hipotético.

A virtud de estas coyunturas sociales históricas aludidas, es como nos encontramos con la autoridad establecida en las sociedades que sometemos a examen; y que unas veces la consideramos legítima y otras no, pero ello dependerá de criterios de valoración distintos, al de su acomodación al patrón del pacto social y la voluntad general.

El poder político aparece como hemos dicho, de la necesidad de coordinar y completar los fines de las asociaciones inferiores: no es pues el Estado otra cosa, que el aspecto político de la actividad social. No absorbe ni hace desaparecer a los grupos anteriores, por la sencilla razón que las necesidades que estos satisfacen no se suprimen con la aparición del Estado, que viene a cubrir otra necesidad diversa y nueva: la política. El poder político surge de la sociedad, en consecuencia, no como emanando de una masa amorfa e indiferenciada de individuos, sino de unos grupos sociales orgánicamente constituidos, anteriores al Estado en el tiempo y superiores algunos a él, por el fin y que le perviven. El Estado es el término de la organización social, en un momento determinado de la historia y no ha aparecido por generación espontánea.

Creemos que así queda claro que el poder político no es filosóficamente de distinta entidad que el de los otros poderes sociales, aun cuando pertenezca a un grado superior. Su diferenciación está en cuanto al fin que ha de realizar. Y de aquí la consecuencia principal de esta construcción: la autoridad política no puede identificarse con la soberanía tal y como ha sido entendida por el humanismo protestante y la revolución (fundamento del Estado moderno) como un poder supremo e inapelable definidor del derecho, sino que contiene en sí misma una esencial limitación. La soberanía no es única, sino múltiple (y ya no es por tanto soberanía, aun cuando para entendernos sigamos llamándola así) y podemos fundamentalmente dividirla en dos: la soberanía social y la soberanía política.

La soberanía social corresponde a la que representan las asociaciones inferiores al estado, o cuerpos intermedios (entre aquel y la persona) de carácter institucional o territorial, que gozan de un derecho propio (autarquía o fuero) para la realización de sus fines privados, a los que es ajeno y no puede inmiscuirse el Estado. El poder político tiene una esfera de actuación específica: en este orden, solo puede dirigir o suplir, nunca sustituir (subsidiariedad).

En esta concepción de la soberanía social es en donde encuentra su fundamento la libertad personal y la participación del ciudadano en la cosa pública, preocupación general de todos y no en exclusividad del gobierno.

Los derechos personales solo pueden ser ejercitados con efectividad a través de las asociaciones para cuya realización se agrupa espontáneamente el hombre (matrimonio y paternidad, por la familia; residencia, por el municipio; trabajo, por el sindicato; cultura, por las asociaciones; religioso, por la Iglesia; etc.). Y de aquí, que solo el respeto por parte del Estado a aquellas asociaciones, el reconocimiento de su autarquía, constituye la verdadera garantía de libertad.

Por otra parte, si la misión principal del Estado es dirigir y coordinar la actividad social, para cuyo mejor desarrollo es creado, es evidente que tiene que conocer cuales sean las necesidades de la sociedad, para adecuar a ellas su legislación, dado que sus disposiciones han de incidir directamente en el campo de intimidades y competencias de asociaciones inferiores. Estas habrán por tanto de estar representadas debidamente ante el poder público y el órgano mediante el cual se ejercita esta función, son las Cortes. Las Cortes suponen la efectividad constitucional de la soberanía social, la participación del pueblo en el ejercicio de gobierno. Enlazando con lo ya dicho, no son exactamente la fuente del poder, como quiere la teoría pactista, que identificando poder con representación, convierten a la sociedad en hechura del Estado, politizándola y privándola así de su libertad. A este resultado conduce o el partido único (comunista o fascista) o la multiplicidad de partidos (ya que en sustitución del partido gobernante no habrá otra cosa que cambiar el color de la sociedad, no devolverla a su autarquía). El partido solo puede aspirar a representar el aspecto político de la sociedad, no pretende alzarse con la representación de los demás aspectos, que tiene sus órganos propios (asociaciones).

La soberanía social, es la doctrina del “fuero”; la soberanía política se comprende en la de la “legitimidad”.

La coyuntura social histórica española a través de la cual se ha manifestado el poder político, es la monarquía. La monarquía expresa mejor que ninguna otra institución pública, las condiciones que debe reunir la autoridad del Estado: unidad, continuidad e independencia; y significa para España la experiencia de su eficiencia política para la construcción y permanencia de un Estado tan peculiar como el que la idiosincrasia de nuestro pueblo exige: diversidad regional y autenticidad popular.

La monarquía aparece en nuestra patria con un atributo jurídico de legitimidad, o sea de derecho de mando que por constituir una obligación moral no puede ser desconocido, sino cuando concurran muy graves razones –que los carlistas entendemos no se han producido- para privar de su derecho a la sucesión dinástica. Este derecho tiene una doble vertiente de origen y de ejercicio.

La legitimidad de origen dio nacimiento al Carlismo como fenómeno histórico concreto, mantenida con tesón generación tras generación, como prueba de la lealtad del pueblo (traducción vivencial del deber de obediencia cristiano). La de ejercicio, supone el acomodamiento del rey a los términos de su propio oficio: es el contrapunto a la tiranía o desviación de poder.

Esta aparece cuando la autoridad deja de serlo, al desbordar los límites ya expuestos. Hacia abajo, cuando invade la soberanía social, violando la libertad y la participación popular; hacia arriba, cuando desconoce la libertad natural, orden supremo del Creador, o quebranta la independencia de la Iglesia, cuyo fin sobrenatural establecido por el mismo Cristo, es superior e inviolable.

Así el derecho de mando en el rey, tiene el correctivo del derecho de rebeldía en el pueblo, para cuando aquel no obra en derecho, en materia grave y con pertinacia. Esta responsabilidad es imposible en sistemas que consideran como suprema e inapelable la soberanía del Estado, exclusivo dispensador del derecho.

La trilogía de Rey y Cortes (y justicia independiente) ofrece la síntesis de la constitución política tradicional de España y supone acertada combinación de los elementos permanentes del Gobierno (monarquía) con los variables y temporales (Cortes) para dar la resultantes de la marcha armónica de la sociedad en consecución del bien común, libre de inmovilismos o de convulsiones.

En esto viene a consistir compendiadamente el “sociedalismo”. Desarrollarlo por extenso llevaría el tiempo de varias lecciones de cátedra de todo un Tratado completo de Derecho Político. Esta prueba, pueden resistirla muy pocos, o ninguno, de los grupos políticos que se manifiestan en la sociedad española. Y eso es lo que queríamos demostrar desde el principio.

 
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