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Portal Avant de los carlistas del Reino de Valencia Opinión Opinión política Las tres almas del carlismo

Las tres almas del carlismo

Opinión - Opinión política

 

 

Es un tópico entre los historiadores políticos hablar de las tres almas del carlismo, distintas corrientes en sus fundamentos que no obstante tuvieron o tienen cabida dentro de la gran Causa de la Tradición. Todas ellas formaron parte en las primeras décadas del realismo monárquico, y posteriormente del carlismo, su heredero, las diversas denominaciones con las que fue conocido el gran movimiento contrarrevolucionario español.

 

 

La primera de ellas sería sin duda el absolutismo. Esta teoría política sentaba las bases del soberano absoluto que concentraba en su persona todos los poderes del estado y no respondía ante instancia humana, sino únicamente ante Dios. Suponía que el mero nacimiento en el pináculo social justificaba el poder total. A este grupo (que defendía un modelo de estado) podríamos llamarlo estatalista, pues anteponía sobre todo la legitimidad de la autoridad estatal. Hobbes en su obra El Leviatán dio cuerpo teórico a esta reunión de toda la soberanía en una corona pero, muy significativamente, la justificó en el contractualismo social, y no en la designación divina. Desde Luis XIV de Francia, fueron los borbones (también los españoles) los más acérrimos defensores de esta tesis. Durante la primera guerra carlista los absolutistas engrosaron las filas de la Tradición, pero al concluir en derrota, ya no quedaba ni uno de ellos en las filas de don Carlos. De hecho, modificando apenas la base filosófica de la soberanía, pudieron pasarse en masa a las filas del liberalismo, entendiendo que la soberanía provenía del pueblo en vez de Dios, de modo que un parlamento absoluto era también válido como soberano para ellos, siempre que garantizase la fortaleza y unicidad del poder, pues en el fondo el absolutista- más que un monárquico- ha sido un autoritario. Con mucho entusiasmo pasaron de apoyar a los reyes legítimos, a hacerlo a los Esparteros, Narváez o cualesquiera espadones de turno, pálidos émulos hispanos del dictador corso.

 

El segundo grupo habitualmente citado ha sido el del legitimismo. Aquellas personas que entendían (correctamente) que el derecho al trono de don Carlos V había sido atropellado y que la razón estaba de su parte. Podríamos llamarlo el grupo jurídico, pues basa su acción política a la fidelidad a una familia real en la que recae el derecho a portar la corona por unas leyes ancestrales que regulan la sucesión de forma precisa y a todos sujetan. Leyes que evitan la arbitrariedad y la usurpación de los poderosos, y salvaguardan la esencia de las Españas por el vínculo entre el rey legítimo y su pueblo. Son los más genuinamente monárquicos y los auténticos testigos de la fidelidad carlista a sus reyes legítimos. Asimismo, la adhesión a una dinastía legítima facilita la elección correcta para la masa de personas sencillas sin grandes conocimientos filosóficos o políticos.

No obstante, las dificultades del mero legitimismo (como ya ha ocurrido anteriormente en la historia de España) se puso pronto de manifiesto cuando los titulares de ese derecho se mostraban indignos o traicionaban aquello por lo que habían luchado sus antecesores. La primera gran crisis vino con la entrega al liberalismo de SMC don Juan III, que causó la ruptura y conmoción en la Comunión Tradicionalista, y que hubo de ser reparada por su tía la princesa de Beira (desde la autoridad que le daba pertenecer ella misma a esa dinastía legítima) en sus tres célebres cartas que inauguraron el pensamiento carlista que daba por bien entendido que la legitimidad no era únicamente por cuna. Fue a la muerte de SMC don Alfonso Carlos en 1936, cuando la mera herencia de sangre recaía en el príncipe don Juan de la rama usurpadora, cuando se depuró definitivamente el innovador concepto de la doble legitimidad, la de origen y la de ejercicio, que debía configurar definitivamente el tercer ideal del Trilema. Desde entonces el grupo legitimista ha sido duramente castigado en varias ocasiones, desde las aspiraciones del hijo de doña Blanca de Borbón Braganza, el denominado por los suyos Carlos VIII, a las objeciones al regente y luego rey legítimo don Javier de Borbón-Parma, y finalmente herido de muerte con la defección del hijo de este, don Carlos Hugo, que trató de convertir el movimiento contrarrevolucionario hispano en un secuaz más de la revolución marxista en versión edulcorada. Los legitimistas siempre han estado en el carlismo, contribuyendo a su sostenimiento y a veces, cuando han transitado caminos equivocados, al desastre, fieles al camino seguido por sus monarcas.

 

El tercer alma del carlismo sería la del grupo conocido como apostólico. Son aquellos que anteponen sobre cualquier otra consideración el triunfo público de la ley divina y la moral católica, primer y principal trabajo de los reyes hispanos que por ello fueron conocidos como monarquía católica. Este grupo, profundamente espiritual, adhirió sobre todo el primero (y más elevado) de los principios del carlismo, el de Dios, procurando emplear la Tradición como vehículo para el triunfo social de Cristo Rey, como así fue durante muchos siglos. Naturalmente, su dependencia del clero (no sólo dogmática, sino también táctica) ha sido y es siempre muy fuerte, pues esperan naturalmente que sean los obispos quienes marquen su agenda, al menos en los conceptos generales. Fueron fortísimo sostén del carlismo, y además fundamentales en su ser, pues la defensa de la fe católica y de la Cristiandad está en el origen de la reacción contra la revolución francesa atea y masónica, y sus ramificaciones en España.

Naturalmente, el dilema apareció cuando la Santa Sede, con la caída de Roma ante las tropas liberales de Victor Manuel y el acceso posterior al solio de León XIII en 1878, aprobó la participación de los católicos en el sistema liberal, al cual había combatido hsta entonces, quitando al tradicionalismo la exclusividad de representar genuinamente las enseñanzas del Papa en política. El incipiente liberalismo católico, hasta entonces vacilante, recibió un considerable refuerzo, y dentro de él, la facción más intransigente, llamada neocatolicismo, osciló con frecuencia entre el partido liberal conservador y la Comunión Tradicionalista. Dentro de esta se agrupó con la facción apostólica, y la postura papal- cada vez más favorable al liberalismo- y el trasiego contínuo de sus miembros entre ambos movimientos políticos terminó por su conversión en lo que se llamó integrismo. El integrismo pretendía restaurar los valores católicos tradicionales (incluyendo el confesionalismo y la unidad católica) en la vía política, pero prescindiendo del resto de ideales del carlismo como accidentales. Suponía por tanto un empobrecimiento de todo el corpus doctrinal tradicionalista.

 

El integrismo, por su dependencia estratégica e incluso politicamente doctrinal del clero, siempre ha mostrado propensión a abandonar la Comunión Tradicionalista si pensaba poder alcanzar sus objetivos por otros medios, incluyendo la aceptación del juego político liberal (aunque no sus principios filosóficos). Por ejemplo, esperando recuperar la influencia que los neocatólicos tuvieron en décadas precedentes, Ramón Nocedal creó el partido Nacional católico o integrista, rompiendo la Comunión en 1888. Vivió una vida independiente (y poco relevante) hasta que en los albores de la Segunda República española, la amenaza a todos los católicos forzó la reunificación con la Comunión Carlista. No obstante, la idea de que la defensa de los ideales religiosos en su integridad es la única misión realmente importante de la Causa, sigue presente dentro del carlismo.

 

Muchas otras escisiones e “hijos” ha dado el carlismo. Podemos pensar en el foralismo (patrimonio genuino de la Tradición política española) que alumbró a finales del siglo XIX diversos regionalismos liberales que, en algunos lugares, aportaron el contenido histórico auténtico a los movimientos nacionalistas, hijos naturales del liberalismo más exaltado, el del romanticismo idealista político. No podemos olvidar la escisión mellista (el partido católico tradicionalista), que so pretexto de germanofilia versus aliadofilia no fue sino el producto de la ruptura personal en 1918 entre el rey legítimo y el mayor pensador tradicionalista del momento, don Juan Vázquez de Mella. Su corto vuelo acabó también al comienzo de la Segunda república con su reintegración al carlismo. Podemos asimismo citar los pragmáticos que se pasaron al nacionalcatolicismo de FET y las JONS a partir de 1939 siguiendo el triunfo político del general Franco, por no hablar del socialismo autogestionario del grupo en torno a don Carlos Hugo a finales de los años 60, perversión verdaderamente inaudita del pensamiento político tradicional español en busca de un imposible aggiornamento con la modernidad triunfante en aquellos días en su vertiente marxista.

 

Probablemente, de entre todas las “almas” del carlismo, sea el integrismo la que con mayor fuerza se sostiene, habida cuenta de que el legitimismo ha sido seriamente dañado por la actitud con frecuencia poco ejemplar de los titulares de la corona a los que se ha adherido en las últimas décadas. Ciertamente los integristas mantienen la cabeza fría en medio de las turbulencias dinásticas sufridas por el tradicionalismo, lo cual sin duda supone un valor positivo para la Causa, pero también tienden a ponerla al servicio de estrategias episcopales, lo cual es un grave inconveniente. Veamos porqué.

 

Los obispos españoles, casi desde la primera guerra carlista, han sido mayoritariamente liberales. En parte (sincera) porque la llamada Ilustración (antecesora directa del liberalismo filosófico) contó en España con muchos seguidores entre los clérigos. En parte (interesada) por la proverbial resistencia del clero hispano al martirio político. La generalidad del episcopado español (con las honrosas excepciones de rigor) ha tendido siempre al pasteleo más o menos indisimulado con el poder político de turno, procurando salvaguardar los principios cristianos en la legislación y la vida pública siempre que fuera posible, y la influencia clerical en todos los casos. En disposición, podríamos decir, a sujetar o liberar a sus agentes en política en función de la cooperación hallada en los gobiernos.

 

El fracaso en lograr un gran partido liberal católico con el fin de los neocatólicos, hizo al clero español concentrarse en el integrismo, a modo de reserva espiritual, y el intento de influir lo máximo posible en el gran partido liberal conservador, que ha sido siempre el favorito de los obispos para influir en política.

Más tiempo tardó en lleagr a España la democracia cristiana, invento creado en Italia a partir de la Rerum Novarum de León XIII como respuesta a la Internacional socialista, con la cual establece una dialéctica que emplea los mismos parámetros socio-económicos del marxismo, pero dando una respuesta cristiana.

Tuvo escasa influencia en nuestro país hasta que con el advenimiento de la Segunda República y el cataclismo de los partidos liberales clásicos, se empleó un minúsculo partido demócrata cristiano (Acción Popular) impulsado por el cardenal Herrera Oria, como núcleo para la Confederación de Derechas Autónomas (la conocida CEDA) que agrupó básicamente todo el voto católico liberal (aunque no fue únicamente democratacristana, pues tenía fuertes corrientes liberal conservadoras e incluso filofascistas), encabezada por José María Gil-Robles, y que certificó definitivamente la accidentalidad que para el episcopado español tenía la monarquía (no digamos la legitimidad dinástica o los fueros). Este partido, sólo o en coalición, fue el más votado en las elecciones de 1933 y en las de 1936, donde perdió el poder a manos de la coalición republicano-socialista del Frente Popular. En Cataluña, por cierto, un pequeño partido combinaba la democracia cristiana con el nacionalismo catalán, la Unió Democrática de Catalunya, de larga vida y que en 1973 nucleó el llamado “Equipo Demócrata Cristiano del estado Español”.

 

El gobierno del general Franco, extendido durante 46 años, impuso el nacionalcatolicismo al que los obispos españoles apoyaron de corazón como garante de que nuevas persecuciones contra la Iglesia como las emprendidas por el Frente Popular durante la guerra civil no se iban a producir.

En el nadir del régimen franquista, cuando ya se veía imposible su continuidad, el episcopado español exploró diversas vías para el catolicismo político, y tras algunas vacilaciones (sin excluir coqueteos con el marxismo), se adhirió de nuevo al reconocimiento del liberalismo, y la creación de un nuevo proyecto democrata-cristiano, este ya totalmente postconciliar y maritainiano, que renegaba abiertamente de la Cristiandad política. Se inició con el Partido Popular Demócrata Cristiano de Íñigo Cavero y Fernando Álvarez de Miranda, que logró únicamente un acta de diputado en las elecciones de 1977, integrándose plenamente al año siguiente en la Unión de Centro Democrático (junto al “Equipo Demócrata” nacionalista), gran coalición oficialista donde ejerció una mayor influencia de la que su tamaño representaba durante su gobierno entre 1977 y 1982.

 

Tras el fracaso y disolución de UCD ese último año, los demócratacristianos desembarcaron en el Partido Demócrata Popular (uno de los fundadores de la antigua coalición, aunque no democratacristiano en sus orígenes), que obtuvo resultados pobres. Finalmente, fueron forzados a integrarse en el gran partido liberal conservador, Alianza Popular, que había resurgido de sus cenizas y era la única alternativa para los católicos frente al partido socialista. En AP los demócratacristianos (Jaime Mayor Oreja, Isabel Tocino, etc) formaron una de las “familias” del mismo, donde básicamente han servido para embaucar la gran mayoría del voto católico, ya que los principios del liberal conservadurismo español han emprendido un camino sin retorno hacia el doctrinalismo económico y el libertarianismo moral, sin cabida ya para principio cristiano alguno, pues consideran el voto católico menguante y cautivo. Su papel en la destrucción del catolicismo español y la pérdida de influencia ha sido primordial.

 

La última aventura de los demócrata cristianos que no se han ido a casa ha sido integrarse a lo largo de 2014 en Vox, un conglomerado extraño de fuerzas autoconsideradas “de derechas”, donde también hay liberales economicistas, centralistas o nacionalistas españoles, de escaso éxito por el momento.

 

Naturalmente, conforme la influencia social de la Iglesia ha ido disminuyendo (en trayecto paralelo a la apostasía general de la sociedad), en buena medida gracias a la misma acción en política de los epíscopos españoles, su capacidad de maniobra ha disminuido en igual proporción, y sus efectivos en política también.

 

Algunos obispos (sin duda los más coherentes con la doctrina católica) son conscientes de que la estrategia de alineación constante con el partido liberal conservador desde el fracaso de la democracia cristiana, está conduciendo a la desaparición de los católicos en política, y han recordado el modo en que sus antecesores de hace algo más de un siglo, emplearon el integrismo como salvaguarda de la acción política en caso de fracaso de la influencia sobre los liberal conservadores. Sin duda ese momento ha llegado.

 

Debemos los carlistas estar muy atentos a tales movimientos, pues- por desgracia- hace ya mucho que los movimientos episcopales en el panorama político español van en dirección opuesta al restablecimiento de una monarquía tradicional, católica y foral. Bien de forma directa o por medio de algunos movimentos carismáticos, se ha influido en el pasado, y se sigue intentando influir, en las diversas organizaciones carlistas, muy particularmente en la más importante de todas ellas, la Comunión tradicionalista Carlista.

 

Este tipo de movimientos se pueden detectar en el empleo del carlismo como un instrumento más al servicio de la constitución de frentes católicos (en ocasiones incluso vergonzantemente católicos) en los que la alineación o no de sus miembros con el liberalismo filosófico y político carece de relevancia (con lo que ello supone de contradicción flagrante con las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia y de la esencia misma del tradicionalismo); en la focalización en ciertos puntos concretos (y con frecuencia contingentes) de la actualidad política (leyes contra la vida y la familia, importancia de la religión en la escuela, financiación de la Iglesia, etc) olvidando que las bases teológicas que subyacen detrás de todo el pensamiento político cristiano forman un todo (el viejo error liberal que ya señalara el gran Aparisi de poner tronos a las premisas y cadalsos a las consecuencias); en el intento, en fin, de infiltrarse en organizaciones sociales y culturales carlistas como “cantera” o plataforma para la captación de jóvenes que engrosen las filas de movimientos controlados directamente por instituciones eclesiales, so capa de pragmatismo (del que, se supone, carece el carlismo) para una acción política más eficaz.

 

Sin olvidarnos de lo que pueden afectar de rebote al carlismo los conflictos e incluso luchas entre diversas corrientes episcopales y sus cuitas particulares, como hemos podido observar recientemente con el asunto, exagerado hasta el ridículo, de la organización católica secreta mexicana “El Yunque”. Organización de la que apenas se tienen datos concretos de su actuación en España, y cuyas supuestas influencias (reales o imaginarias) han llevado a una guerra intestina en el episcopado español, muy particularmente en la región de Madrid, donde con más intensidad habría operado. Un intercambio de acusaciones, dossieres secretos y auténticas cazas de brujas en busca del “yunquero infiltrado”. Por desgracia, las acusaciones vertidas por diversos topos dentro del carlismo han llevado a un verdadero histerismo en algunos miembros relevantes de la Comunión Tradicionalista, distorsionando la importancia del problema (que apenas afecta al carlista de a pie), y contribuyendo aún más a la parálisis política del carlismo militante.

 

Debemos los carlistas recordar que nuestro ideario contiene, en sí mismo, toda la esencia de catorce siglos de tradición política hispana. Al modo de los silmarils, aquellas joyas de la épica tolkeniana que contenían la luz de los pérdidos Árboles del mundo primero (metáfora de los árboles de la Vida y de la Ciencia del Bien y del Mal del añorado Edén), el carlismo contiene todo un sistema de creencias y realidades políticas operativo encerrado en una pequeña comunidad política. Emplear todo el caudal inmenso de sabiduría política que nos dejaron nuestros antepasados para librar mezquinas batallas entre sectores bien poco ejemplares de la Iglesia contemporánea (poco ejemplar en España ya de por sí) o al servicio de una campaña de corto vuelo en defensa de una postura vergonzantemente cristiana y blanda ante un ataque salvaje de los servidores del anticristo que actualmente gobiernan, es tanto como emplear los silmarils a modo de lámparita de noche.

 

No sea ese el recuerdo que de nosotros tengan nuestros sucesores. Sin olvidar la integridad de la doctrina católica en su aplicación política, y la primacía de Cristo rey como fin último de nuestra acción social, tengamos mucha precaución con el error integrista, que se infiltra frecuentemente inadvertido, haciéndonos renunciar al resto de nuestros valiosísimos ideales. Tan importante es el patriotismo como la lucha contra el aborto; tanto bien hace a la Cristiandad hispana la monarquía pactada como las clases de religión. Sin duda la prudencia y la oportunidad nos hará destacar más unos u otros ideales según el momento de la historia que nos haya tocado vivir, pero no olvidemos que no son más que facetas del mismo diamante, que es nuestro tesoro.

 

Lo que en aspectos doctrinales es sano y obligado acatamiento a la autoridad apostólica (siempre, claro está, que se ejerza en comunión con los demás obispos, el Santo Padre y el magisterio imperecedero de la Iglesia), en política, por mor del entreguismo absoluto de casi todos nuestros obispos a la cuasi-sacralización de la democracia parlamentaria liberal, se convierte en clericalismo. Torpe, innecesario y contraproducente.

 

Porque, hablando francamente, los pensadores carlistas contemporáneos (con ser pocos) conocen mejor y practican más coherentemente la doctrina católica en política que el conjunto del episcopado español.

 

 

 
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