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Historia de las Cortes medievales en los Reinos hispanos

El Carlismo - Artículos de historia

 

Las Cortes son asambleas convocadas por un rey con los representantes de los primeros poderes de la nación, para pedirles consejo y ayuda, confirmarles privilegios (leyes propias) y escuchar sus agravios.

En toda la Cristiandad occidental se asistió a la aparición paulatina del fenómeno de las Cortes. En España, no obstante, ese fenómeno presenta algunas peculiaridades que lo hacen único.

EL ANTECEDENTE DE LOS CONCILIOS TOLEDANOS

La primera de todas es, sin duda, que su más remoto antecedente es el uso político de los concilios eclesiásticos. De hecho, se puede situar con claridad en uno de ellos el nacimiento del reino hispano, precisamente con la conversión del rey Recaredo y toda la nación goda al catolicismo, hecho público durante el III concilio de obispos católicos hispanos de Toledo en 589.

En ese mismo concilio el rey recomienda que los jueces y altos funcionarios de palacio que asistan a los concilios anuales para aprender a tratar al pueblo piadosa y justamente, sin cargarles con prestaciones ni imposiciones innecesarias. Es el primer antecedente remoto- aunque indirecto, y más ético que legal- de la petición de consejo real a los eclesiásticos.

En los sucesivos concilios generales del reino hispanogodo no faltarán, salvo excepciones, los cánones políticos. En el IV concilio (año 633), el rey Sisenando se presenta junto a sus magnificentísimos y nobilísimos acompañantes a la asamblea, lo que supone la primera constatación de asistencia de nobles, los viri ilustris, cargos ligados a la corte real. Este concilio es el primer testigo de la presentación del rey de un tomo real donde se establecen leyes civiles que los presentes han de debatir y aprobar. Las actas que nos han llegado no reflejan las discusiones que pudo haber sobre las propuestas reales. Lo aprobado por el concilio no tiene efecto legal hasta recibir la sanción real, a imitación de los edictos de confirmación de los concilios promulgados por los antiguos emperadores romanos.

Los siguientes concilios vieron propuestas reales sobre sucesión a la corona (es en el canon 75 del IV concilio- año 633- donde se establece la monarquía electiva tan característica de los visigodos), juramento de fidelidad al rey, asignación de bienes donados por los reyes a su muerte, medidas contra los judíos, etc.

Hay también un esbozo de control de la acción legislativa real por parte del concilio, como en el VIII concilio (año 653), cuando Recesvinto pide a los padres conciliares que revisen el nuevo código de leyes para corregir lo errado o suprimir lo superfluo.

En ese mismo concilio, Recesvinto establece el primer antecedente de escucha de agravios: os rogamos que decidáis de acuerdo con nosotros sobre cualquier causa que llegare a vuestros oídos a través de las reclamaciones de quienquiera que sea. En su contestación, los presentes hablan en nombre de todos los nobles del oficio palatino juntamente con la asamblea de los grandes y del pueblo llano […] los obispos como también los sacerdotes. Es decir, un primer intento de representar a todo la nación.

Entre los privilegios que se establecen, el rey Ervigio promete en el XIII concilio (año 683) que ninguna persona noble acusada podrá ser sometida a tortura por los alguaciles reales, y tendrá derecho a ser juzgado por un tribunal compuesto por sus pares. En el tomo real del XVI concilio (año 693), el rey Egica pide consejo a los obispos y nobles palatinos para seguir reinando en paz y gobernar con piadosa y discreta moderación. En ocasiones incluso los asistentes modifican el tomo real en algún punto. Así en el VII concilio general (año 646), se rechaza que el rey pueda perdonar a los condenados por traición sin el asentimiento de los obispos (es decir, de otro concilio), penándolo con la excomunión.

Asimismo, hay ejemplos de reyes que no dieron carta de ley a algunas decisiones conciliares, como los cánones del 4 al 6 del VIII concilio general (año 653), que recordaban que el acceso al trono debía ser electivo. Recesvinto no firmó tales cánones, que invalidaban su propia legitimidad, pues había heredado la corona de su padre Chindasvinto.

En este embrión de cortes que son los concilios vemos ya presentes muchos de los elementos que posteriormente desarrollarían el control de la acción real por las fuerzas del reino representadas. El primer brazo, el eclesiástico, se halla en su plenitud. El brazo nobiliario está representado por los viri ilustris, aunque únicamente aquellos con cargo público. Dada la idiosincrasia de los visigodos, podemos suponer que reflejaba de forma bastante fiel a las principales casas aristocráticas, salvo aquellas condenadas por traición. Falta (y por ello no se pueden considerar propiamente cortes a los concilios) el brazo ciudadano: venidas a menos la minería y la industria, muy disminuido el comercio tras la caída del imperio occidental, las ciudades habían entrado en franca decadencia, y las antiguas curias civitatis habían desaparecido o habían quedado reducidas a anécdota. Las ciudades estaban regidas por “condes ciudadanos”, comes civitatis, designados directamente por el monarca que, de ese modo, se arrogaba su representación.

Hemos visto también como muchas de las características de las cortes, como la petición de consejo y ayuda, la concesión de privilegios, el control de la acción real por parte del concilio, la aspiración a representar a toda la nación o la escucha de agravios ya se hallan presentes en los concilios toledanos.

La caída del reino godo entre 711 y 726, tras la rota de Guadalete y la invasión musulmana, amputa de raíz este proceso, que podría haber sido pionero con mucho de las cortes de la Cristiandad. Los árabes que tomaron el control del reino traían la tradición autocrática de oriente, y cuando- tras varios siglos de conflictos entre aristócratas árabes o con las otras razas de la península- lograron constituir un estado sólido en torno al califato de Córdoba en 928, su historia política, plagada de intrigas cortesanas, no difirió mucho de las de Damasco o Bagdad.

Pero los reinos cristianos del norte conservaron las leyes y modos políticos de los visigodos, y los evocaron con frecuencia, aunque con fuertes influencias de costumbres locales o de las leyes del poderoso vecino, el reino franco, considerándose sus legítimos herederos. Muy particularmente, en cuanto al uso de los concilios como instrumento político, el reino de León- que se tuvo por continuación del godo- entre los siglos IX y XI.

REUNIONES ECLESIÁSTICAS Y POLÍTICAS EN LOS REINOS HISPANOS

En efecto, a partir de Alfonso III (848-910), la corona leonesa inicia un proceso consciente de recuperación de las leyes y costumbres del reino visigodo, reclamando su herencia y, de ese modo, la dirección de la reconquista a los musulmanes y la legitimidad de su soberanía sobre totus Hispaniae. Desde el siglo XI, cuando la disolución del califato da nuevas alas a la recuperación del territorio por parte cristiana, los monarcas leoneses convocan y asisten con su nobleza palatina y consejeros a los concilios episcopales del reino, y publican edictos de confirmación de sus actas.

Así hizo Fernando I con el concilio de Coyanza de 1055. En el concilio de León de 1077 sólo cinco de los cuarenta y ocho capítulos tienen temática eclesiástica. El resto lo constituyen las leyes del llamado Fuero de León, que tuvo validez legal en todo el reino. Alfonso VI confirma el uso político de los sínodos al establecer en el capítulo sexto que en todos los concilios, después de los asuntos eclesiásticos, trátese la causa del rey y después la de los pueblos.

Un cambio se produce cuando la iglesia hispana abandona el mozarabismo y se vincula a la sede romana. Desde entonces, los concilios estarán presididos por un legado pontificio. Ello no es obstáculo para que los reyes asistan con sus nobles y los empleen políticamente del mismo modo que sus predecesores. El propio Alfonso VI usa el de Burgos de 1081 (el primero con presidente pontifical) para deponer y nombrar cargos eclesiásticos. Del mismo modo obran la reina Urraca en el concilio de Oviedo de 1115 y el rey Alfonso VII en el de Carrión de 1130.

Una versión similar en el condado de Barcelona (y posteriormente de la Corona de Aragón) son las asambleas de paz y tregua, cuyo precedente son las promulgaciones de la tregua de Dios por los obispos durante las fiestas litúrgicas. A partir de la de 1131, el conde Ramón Berenguer III, los obispos del condado y numerosos magnates se reúnen para tratar del bien común de la tierra. Ese bien común será casi siempre la paz feudal entre los diversos nobles levantiscos por orden del soberano. Así será en las treguas de 1173, 1188, 1198, 1200, 1202, 1207 y 1211, ya bajo los reyes de la monarquía unificada de Aragón y señores de los condados catalanes. En las últimas asisten ciudadanos, burgueses, hombres de las villas reales e incluso judíos, aunque sin poder decisorio aún. Es precisamente en la asamblea de 1214 cuando el legado pontificio cardenal de Benevento asegura la estabilidad del reino a punto de estallar tras la muerte de Pedro II el Católico en Muret: allí todos los magnates del reino se ponen de acuerdo y juran respetar la minoría de edad de Jaime I. Pero también firman los ciudadanos y burgueses del reino. Son el antecedente directo de las cortes en la corona aragonesa.

A partir de ese momento, será frecuente la presencia de burgueses en las asambleas de 1218, 1225, 1228, 1235 y 1251, donde se toman decisiones que afectan a todo el reino. En la de 1210 de Barcelona hay constancia de atención de quejas de los asistentes. Las disposiciones que se toman en estas asambleas son también de corte ejecutivo: poner límite al lujo en la comida o el vestido, fijar el precio del trigo, o limitar la autoridad de los delegados reales sobre los siervos de los señores feudales.

No obstante, interesa conocer también otra institución de gobierno tradicional en la Edad Media, que además era común en otras monarquías de la Cristiandad. Nos estamos refiriendo a las reuniones que el rey convocaba con los altos cargos palatinos y eclesiásticos, pertenecientes por lo común a la alta nobleza, y que eran conocidas como Curia regia (consejo real). Sus funciones no eran muy distintas que las de los concilios (consejo y ayuda al rey, confirmación de privilegios y satisfacción de agravios a los nobles), pero su realización algo más informal, y limitada a los que podríamos llamar “funcionarios”. Normalmente, se aprovechaba algún acto solemne para convocarlas. Así, el traslado a la ciudad de los restos de san Isidoro (curia de León, 1063), el apertura del arca santa de Oviedo (en 1075), el tribunal para dirimir el pleito entre la infanta Urraca y el obispo de León (1089), el ascenso al trono del rey Alfonso VII (León, 1126) o su proclamación imperial (1135). En esta última, que es un mixto de curia y concilio, se reúnen todos los cargos eclesiásticos y civiles del reino, no únicamente los ligados a la alta nobleza: arzobispos, obispos y abades, condes y príncipes, duques y jueces del reino. El monarca comienza a buscar el apoyo de la pequeña nobleza, ampliando así la estrecha base de representación que supone la Curia. También acuden soberanos vasallos, como el rey de Navarra, los condes de Barcelona y Toulouse o el rey islámico de Murcia. En esta Curia, además de la coronación y diversos asuntos espirituales, se confirman leyes y costumbres previas, se ordena la reconstrucción de las villas destruidas por las guerras y se dan instrucciones a los alcaides de las plazas fronterizas para continuar la Reconquista. En forma y fondo el flamante emperador se podía sentir como un verdadero continuador de los reyes visigodos.

Poco duró el espejismo. En 1143 el rey hubo de reconocer a su sobrino Alfonso Enríquez, autoproclamado rey de Portugal en 1139. En 1157, a la muerte del emperador, se produjo la segregación de Castilla del reino leonés. La dinámica monarquía castellana, más feudal que románica, tomó la dirección de la reconquista y terminó para siempre con el sueño imperial y goticista de León.

El reino ahora independiente de Castilla mantuvo la misma costumbre: Sancho III convocó Curia Regia con sus condes y hombres buenos para gobernar sus tierras al acceder al trono en 1157, y Alfonso VIII en 1169 en Burgos para celebrar su mayoría de edad. Hay registradas Curias castellanas en Nájera en 1184 y en san Esteban de Gormaz en 1187, en la que se concierta el matrimonio de Berenguela de Castilla con el príncipe imperial Conrado, y cuyo contrato firman, además de nobles y eclesiásticos, los mayores (¿alcaldes?) de cincuenta villas y ciudades del reino. En la de Carrión de 1188 fueron armados caballeros el rey leonés Alfonso IX y el príncipe Conrado. También en el reino de León se mantuvo la costumbre de la curia, en las de Toro (1172), Salamanca (1178) y Benavente (1181). En estas Curias ya se incluían miembros de la pequeña nobleza y caballeros villanos que venían a representar a las ciudades. La aparición de las Cortes con la estructura definitiva que conocemos está ya muy próxima.

LEÓN, 1188: LAS PRIMERAS CORTES DE LA HISTORIA

En efecto, a la hora de publicar su edicto de confirmación, el rey leonés Alfonso IX habla de la presencia de los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades en las cortes de León de 1188, convirtiéndose de ese modo en la primera asamblea documentadamente representativa. Tiene además otras características que la convierten en pionera. El rey confirma las buenas costumbres de los reinados anteriores, manteniendo los privilegios a los señores laicos y eclesiásticos, se establecen garantías procesales por parte de los alguaciles reales, y el monarca se compromete a “no declarar la guerra, firmar la paz ni establecer tratados” sin el concilio de “los obispos, nobles y hombres buenos por el que debo regirme”. A cambio, los presentes se comprometen a “ser fieles en mi consejo para guardar la justicia y conservar la paz en mi reino”

Vemos aquí ya presentes los tres brazos de las Cortes: el eclesial, a cargo de obispos y abades, el nobiliario o militar, con la aristocracia terrateniente, y el ciudadano, representado por los llamados caballeros villanos, es decir, pequeña nobleza de las ciudades normalmente ennoblecida por el monarca con cargos públicos, adicta al rey y por ello llamada también brazo real.

También quedan recogidas aquí otras atribuciones clásicas del funcionamiento de las cortes: la confirmación de fueros (buenas costumbres) y también privilegios a grupos poblacionales concretos, garantías de rectitud de los funcionarios reales e incluso algo tan avanzado como ceder parte de la potestad regia, al comprometerse a no establecer tratados de paz o guerra sin el consentimiento de las cortes. A cambio, los presentes juran guardar fidelidad a la autoridad real. Este asentimiento de los brazos y los juramentos recíprocos sostenían el poder real sobre bases sólidas en la población, más allá de los derechos dinásticos del titular. Es el inicio, en pleno siglo XII, de la monarquía paccionada (pactada) que liga de forma casi contractual al soberano con sus súbditos.

Todo esto quedó confirmado en las cortes de León de 1202, en la que el rey se comprometió a no devaluar la moneda en siete años a cambio de un nuevo tributo. Dado que nobles y eclesiásticos estaban exentos del impuesto, con plena lógica fueron consultados los representantes de los hombres buenos de los concejos, quienes, asimismo, eran los más afectados por el cambio de ley de la moneda; esta limitación a la depreciación monetaria se repetiría en muchas otras convocatorias. Habían nacido los procuradores a Cortes.

EVOLUCIÓN DE LAS CORTES MEDIEVALES HACIA ÓRGANOS DE PODER

La función de consejo de las iniciales curias evoluciona en los siguientes siglos a un auténtico reconocimiento de que el monarca no puede gobernar sin el consentimiento de los representantes de los poderes del reino (espiritual y territorial en los clérigos, militar y territorial en los nobles, e industrial y comercial en los ciudadanos). Esto se hace cada vez más patente en las peticiones de auxilio financiero que el rey hace a las cortes, y para las que con más frecuencia las convoca, mostrando así su debilidad, y haciendo que aquellos que lo prestan exijan contrapartidas a cambio. Contrapartidas que suponen cesiones del poder regio, permanentes con frecuencia. Para evitarlo, cada vez más los monarcas echaban mano de prestamistas. Estando vedado este oficio a los cristianos por mandato eclesiástico, los judíos lo ejercían habitualmente; por ello eran protegidos por la corona, y por ello odiados por los estamentos, ya que les privaban de un instrumento de control sobre el monarca.

Ese mecanismo de contraprestación llevó a que la monarquía ejerciera un gobierno pactado con los poderes del reino, lo que (junto con la pequeñez del aparato administrativo) la distinguía radicalmente de las autocracias orientales, siendo característica de la Cristiandad Latina. Incluso el Sacro Emperador Germánico dependía de la benevolencia de sus señores y ciudades. Y fue en los reinos hispanos donde más tempranamente se sistematizó este principio.

Este pacto entre el poder real y los poderes sociales llegó a explicitarse: el más conocido lo firmó Pedro el Grande de Aragón (1276-1285) con los súbditos de sus tres reinos, pero también se registraron pactos firmados en los otros reinos cristianos hispanos.

La monarquía leonesa cayó tras su período de apogeo bajo los golpes de las incursiones de Almanzor, y posteriormente por la segregación de los reinos de Portugal y Castilla y la injerencia de la dinastía navarra, fracasando su intento continuador del reino visigodo y su tradición política romana de gobierno fuerte.

Así fue como se impuso el modelo feudal de corte franco. La limitación del poder real se manifestaba en los momentos de crisis: guerras contra los musulmanes u otros reinos cristianos, minorías de edad, rebeliones de la nobleza… eran esos momentos cuando los monarcas habían de convocar cortes y solicitar la ayuda de las fuerzas sociales para afirmar su trono. A cambio habían de ceder prerrogativas de gobierno. De ese modo, progresivamente se fue dando la circunstancia de que los monarcas fuertes evitaban convocar Cortes.

EL JURAMENTO REAL

Esa instauración de la monarquía pactada se plasma definitivamente con el acceso al trono de Navarra de Teobaldo I de Champaña. En 1238 los ricoshombres y caballeros del reino elaboran un código conocido posteriormente como Fuero Antiguo de Navarra. En su capítulo primero (De Rey alzar) afirma explícitamente que el rey es elegido y sus derechos son aquellos que el pueblo le cede. Es imposible encontrar en el derecho contemporáneo un precedente de manifestación de soberanía popular y una negación más evidente del absolutismo como en el fuero navarro de mediados del siglo XIII. Todo el código expone a continuación las obligaciones del monarca y los derechos y privilegios (leyes privadas) de sus súbditos, esto es, el fuero. El monarca debe jurar respetar dicho fuero para tener legitimidad.

En 1253, Teobaldo II, para ser jurado rey, hubo de incluir a los infanzones (baja nobleza) y hombres de las villas, ampliando así la base de representación de su legitimidad con el llamado estado llano.

LA REGENCIA, NUEVA ATRIBUCIÓN DE LAS CORTES

Durante la minoría de edad de Teobaldo II de Navarra, los Tres Estados formaron el consejo de regencia que supervisó el gobierno, y también eligieron al tutor (Amo) que se encargaría de educar y proteger al rey. En 1274 se produjo en Navarra la crisis de la minoría de edad de la heredera Juana. Es ante los Estados ante quien los pretendientes negociaron el matrimonio de la heredera y, por ende, la orientación política del reino, así como los que tomaron juramento al rey de Francia, padre del futuro marido, como condición indispensable para reconocerle. A partir de ese momento los Estados se convierten en defensores del Fuero y encarnación cierta de la soberanía del reino, hasta el punto de romper la relación con la casa de Francia tras la muerte de Carlos el Calvo en 1328, y nombrar como reina a Juana de Evraux, convirtiendo la monarquía navarra en virtualmente electiva.

LA UNIÓN ARAGONESA

Una particularidad mayor se da en la misma época en el reino de Aragón. Pedro III el Grande ha tomado la iniciativa anexionándose Sicilia (1282) y enfrentando a sus reinos a una guerra cruel contra la casa francesa de los Valois, respaldada en la querella por el propio pontífice. Para el reino aragonés, ajeno a los beneficios del tráfico mediterráneo, este conflicto sólo acarrea obligaciones militares, trastornos civiles y espirituales por la interdicción papal, nuevos impuestos para financiarlo y el riesgo de devastación de sus tierras por el enemigo, ahora fronterizo. En las Cortes de Tarazona de 1283, todos los estamentos se ponen de acuerdo, reprochando al monarca que los reyes anteriores ningún negocio arduo emprendían sin acuerdo y consejo de sus ricos hombres, pidiendo al rey que aceptara su consejo acerca de la guerra.

Pedro III es un tipo acabado de autócrata, y rechaza la petición, mandando decir a los reunidos que no quería ni había menester su consejo, y cuando lo quisiese y hubiese menester lo demandaría. A la petición de los procuradores para renovar los fueros y libertades aragonesas replicó que no era tiempo de proponer tal cosa en aquellas cortes, porque él entendía dar batalla a los franceses y acabado aquel trance haría lo que debiese con ellos.

Los más encumbrados de los nobles asistentes a las cortes acuerdan crear un auténtico gremio de ricos hombres, al que llamarían “Unión”, por el que se juran ayuda mutua contra el rey, llegando a declarar que si el monarca hiciere daño o injusticia a alguno de ellos, los demás se desnaturalizarían de la dinastía.

No se verá, incluso en tiempos más modernos, forma más eficiente de poner coto a los desmanes de un gobierno que este instrumento. Amenazado con perder uno de sus reinos, Pedro convocará pronto unas cortes en Zaragoza donde confirmará los fueros y costumbres previas en el Privilegio General de Aragón, la creación de la figura del Justicia de Aragón como juez de los pleitos entre el monarca y los aragoneses (un “defensor del pueblo” del siglo XIII, mucho más independiente y eficaz que los contemporáneos), y el compromiso de consultar a las cortes en las guerras y hechos que tocaban en universal al Reino, estableciendo así firmemente el control de los representantes del reino sobre la acción real en lo tocante a sus intereses.

Todos estos privilegios fueron confirmados en 1285, poco antes de la muerte del rey. Su hijo y sucesor Alfonso III el Franco, para obtener el reconocimiento y la ayuda de los nobles aragoneses, habría de jurar todos los fueros y privilegios prometidos a aquellos, y asimismo aceptar la sustitución de algunos de sus consejeros por otros designados por las cortes. Estos consejeros actuarían como diputación permanente de las cortes aragonesas en el consejo real para los asuntos urgentes entre las convocatorias de las mismas. Eran elegidos entre los de su clase: cuatro ricos hombres, cuatro mesnaderos (militares), cuatro caballeros (dos aragoneses y dos valencianos) y nueve procuradores urbanos. Estaban pues representados los estamentos nobiliario (alto, medio y bajo) y ciudadano. Alfonso no aceptó en principio, y durante 3 años hubo un conflicto abierto en el que no faltaron embargos de la renta real por los unionistas, luchas armadas e incluso amagos de coronar a Carlos de Valois, el candidato papal, hasta la avenencia final en 1287, tras la que los reyes aragoneses aprendieron que para gobernar a sus súbditos habían de consultarles.

EL INCREMENTO DE PODER DE LAS CORTES CATALANAS

Lo que los aragoneses obtuvieron con el palo, lo alcanzaron los catalanes con la zanahoria. La expansión ultramarina promovida por la política real coincidía con los intereses de los poderosos burgueses de Barcelona, así que los reyes recibieron generosa ayuda de las cortes catalanas, pero a un costoso precio político.

En las cortes de 1283, Pedro sí recibe ayuda financiera y militar para su aventura siciliana, pero a cambio de jurar los usatges (fueros) catalanes, comprometerse a reunir periódicamente las cortes y a no tomar ninguna decisión importante sin ellas. Más aún, se amplían los privilegios de la nobleza, tanto rural como ciudadana: en estas cortes se restituye la jurisdicción señorial al estilo feudal franco (vedándose incluso la entrada de oficiales reales en tierras de señorío), así como la remensa, y se obtiene que las constituciones generales de origen real deben ser aprobadas por las cortes para tener vigor en Cataluña. También se le exige en estas cortes que firme los documentos no sólo como rey de Aragón y Valencia, sino también como conde de Barcelona.

En las cortes de 1292, el monarca pierde la libertad de castigar a su arbitrio las faltas de sus oficiales, debiendo destituir a los que hubiesen comprado el cargo, así como aceptar que al término de su mandato sean sometidos a investigación (inquisición) durante 30 días. En 1300, las cortes estipulan de qué modo se deben escoger los componentes de esa inquisición; en 1311 el monarca acepta que sus investigadores sean acompañados de un caballero y un ciudadano en sus pesquisas. Finalmente, en 1333 el rey queda constreñido a elegir tres inquisidores entre nueve candidatos presentados por los consellers de cada ciudad. En cuarenta años el monarca había perdido toda capacidad de control sobre la investigación a sus oficiales.

En las cortes de 1300 se va un poco más allá: los acuerdos en cortes se convierten automáticamente en leyes obligatorias, incluso para el monarca y sus oficiales, eliminándose la aprobación real. Jaime II acepta además que los procuradores nombren una comisión en cada veguería encargada de comprobar que se cumplen las disposiciones de las cortes, así como una general que interprete las dudas sobre las leyes o la comprobación de si las disposiciones del monarca contravenían los usatges.

La política expansionista de la monarquía aragonesa en el mediterráneo será la pieza clave en este proceso de empoderamiento de los procuradores catalanes, principalmente de los burgueses mercaderes y los caballeros rurales, que (contra la corriente histórica contemporánea) recuperarán durante los siglos XIII y XIV muchos privilegios feudales de siglos atrás, abolidos durante el fuerte reinado del Conquistador. Siempre necesitados de dinero para sus expediciones, los reyes cedieron una y otra vez prerrogativas de la corona a cambio de ayuda de las cortes catalanas, debiendo satisfacer todos los agravios contra los usatges acaecidos desde la última convocatoria antes de ver un solo real. De hecho, ellos mismos reconocían que convocaban las cortes por los arduos negocios y peligros de la guerra, que no pueden afrontar por estar vacía de dinero la tesorería. En cuanto pudiesen encontrar financiación alternativa o dar final satisfactorio a las guerras, la necesidad de tan onerosas cortes desaparecería.

LA IMPORTANCIA DE CONCEJOS Y HERMANDADES EN CASTILLA

Un proceso análogo se desarrolló en la corona castellana, aunque con sus propias particularidades. Las oportunidades para la nobleza no se presentaron ante guerras exteriores, sino por los conflictos dinásticos. La guerra entre Sancho IV y Alfonso X y las minorías de edad de Fernando IV y Alfonso XI fueron los momentos clave. Las dificultades de la monarquía fueron aprovechadas por los nobles para incrementar sus privilegios. Los concejos municipales fueron empleados como eficaz contrapeso por soberanos y regentes, pero su apoyo también exigió más concesiones que debilitaron el poder real.

El recién coronado Sancho IV comienza las concesiones en las cortes de 1284 y 1285, en las que confirma a los concejos sus fueros, y suprime la figura del juez real o guardián, con lo que los jueces locales recuperan sus funciones. Tras su muerte, la minoría de edad de su hijo sume al reino en la anarquía. La reina madre y regente, María de Molina, autoriza en las cortes de 1295 la creación de las Hermandades (originariamente creadas para combatir a los malhechores) en las ciudades para defenderse de los nobles. Estas cortes tienen como objeto confeso hacer bien y merced a todos los concejos de nuestros reinos, confirmando sus libertades y autorizando a que investiguen a los oficiales reales (los cuales deberían ser nombrados entre los buenos hombres de cada villa). Se confirman y reconocen las Hermandades de los reinos de León, Castilla, Galicia, Toledo y la confederación de ciudades extremeñas.

En las cortes de Cuéllar de 1297 se aprueba que doce buenos hombres de los concejos de cada reino formen parte del consejo real para aconsejarle y servirle en el hecho de la justicia y de todas las rentas, esto es, en el control de la administración de justicia y del tesoro por los concejos. Tales consejeros están presentes en las cortes de Valladolid de 1299, en las que se acuerda poner fin a la guerra con León, así como en las de Medina de 1302. En 1313, con motivo de la minoría de edad de Alfonso XI, los candidatos a regente ofrecen contrapartidas importantes a los concejos a cambio de su apoyo: el infante Juan promete otorgar todos los cargos importantes en la corte a candidatos de las villas, mientras María de Molina y el infante Pedro crearían un consejo real integrado por prelados y hombres buenos tan poderoso que no se pueda hacer nada sin ellos; se comprometen a nombrar jueces de cada reino que administren justicia por el fuero de cada uno de los lugares.

Con la concordia final entre los tutores del joven rey, las Cortes todavía ganan más influencia: se reunirán cada dos años, controlarán el cumplimiento de los acuerdos, sólo ellas podrían introducir modificaciones en los compromisos. Fueron también confirmados por los regentes los privilegios de la Hermandad de caballeros, hidalgos y “hombres buenos” de los concejos, que se convirtieron en un auténtico poder de la nobleza y la burguesía dentro de la corte. Dos representantes de este cuerpo acompañarían permanentemente, tanto al niño rey Alfonso XI, otros dos a los regentes María de Molina y Pedro, y otros dos al regente Juan. Su función sería recibir las quejas y obligar a los tutores a repararlas. De ese modo, se aseguraba el cumplimiento automático de los fueros en el asunto de los agravios, sin necesidad de convocar cortes para verlos satisfechos. El salario de estos representantes era pagado por los miembros del propio cuerpo. Sólo dos años más tarde, en 1315, la Hermandad alcanzaría su cénit al obligar a los tutores a establecer una regencia conjunta, en la avenencia de las cortes de Burgos.

Tras la muerte de los infantes Juan y Pedro, el infante Felipe se convierte en nuevo regente, y acuerda con la Hermandad la elección conjunta con los representantes de concejos y villas de veinticuatro jueces que residirían en la corte por turnos. Asimismo, dos “hombres buenos” de cada reino (Castilla, León, Andalucía y Extremadura) fiscalizarían las cuentas del recaudador mayor del Rey.

Este estado de cosas concluyó con la mayoría de edad de Alfonso XI. En 1325, al tomar posesión plena de su trono, decretó la suspensión de la Hermandad General, aboliendo todas sus atribuciones ante el rey. La división en reinos desapareció, y en cada ciudad el rey nombró un oficial real de su confianza, llamado corregidor, para ejercer el gobierno. En las Cortes de Alcalá (1348) se implanta como norma general el Código de las Siete Partidas, de Alfonso X, eliminándose toda otra disposición entre los decretos reales y los fueros. Más aún, el rey proclama que los fueros únicamente son válidos si no van contra Dios, contra la razón, o contra las leyes promulgadas por la corona en dichas cortes, pues Alfonso XI se atribuye el derecho de “mejorar y enmendar los fueros”, recordando, con Alfonso X, que el monarca es fuente viva de derecho, hacedor de leyes y fueros. Comienza en Castilla, a partir de este reinado, una concentración de poder en la corte, un auténtico proceso tendente a la monarquía absoluta. Para poder contener la fuerza de los concejos, el rey acude a la alta nobleza, a la que premia con concesiones y a la que enriquece por medio de sus campañas victoriosas contra el califato benimerín en el campo de Algeciras.

CRISIS DE LA AUTORIDAD MONÁRQUICA. EL CONSEJO REAL.

Este proceso centralizador de la soberanía en la figura del rey se ve truncado por la peste negra (1348), de la cual Alfonso XI es el único monarca de la Cristiandad que fallece en 1350, durante el sitio de Gibraltar. Las consecuencias de la elevada mortandad de la epidemia ponen al reino en una grave crisis: desde la falta de manos para laborar las tierras, la exigencia de los jornaleros supervivientes de mejor salario y condiciones, el aumento de la mendicidad y el bandolerismo e incluso el acaparamiento por los clérigos de los bienes de los que morían sin herederos. Las Cortes de Valladolid de 1351 trataron de corregir los efectos de la peste con medidas de urgencia que se revelaron insuficientes.

Pedro I, hijo y heredero de Alfonso, se ve obligado a combatir a la alta nobleza que su padre ha favorecido, pues su fuerza se ha hecho excesiva. El conflicto desemboca en el destronamiento y asesinato del rey por su medio hermano Enrique de Trastámara (cabeza de la aristocracia del reino) en 1369. El nuevo monarca inicia una política “moderna”, expansiva y buscando la hegemonía peninsular de Castilla, tanto por medio de alianzas como de matrimonios con los reinos vecinos. Muy principalmente el del príncipe heredero Juan con Beatriz de Borgoña, hija única y heredera del rey Fernando I de Portugal. La derrota de su hijo Juan en Aljubarrota frente a los concejos portugueses con la ayuda del rey de Inglaterra en 1385, supone el fracaso de esa política, y el ascenso de Juan de Avís, hijo bastardo del rey Pedro I de Portugal.

Amenazado y sin dinero, el nuevo rey se ve obligado a convocar Cortes en Valladolid el 1 de octubre de 1385, pidiendo dinero para reorganizar el ejército. Los procuradores piden como contrapartida la restitución de algunas de las prerrogativas perdidas al comienzo del reinado de Alfonso XI, como la autoridad de los alcaldes concejiles o la fiscalización de los recaudadores de impuestos. Pero la principal novedad es la creación de un Consejo Real de doce miembros (cuatro prelados, cuatro nobles y cuatro ciudadanos) que ejerzan de auténtico gobierno, con excepción de los pleitos de la audiencia real y algunos asuntos que el monarca se reserva. La pérdida de fuerza del rey es tan grande que los edictos del consejo irán firmados por los consejeros, en vez de por el monarca. Juan se excusa en sus problemas de salud y sus ocupaciones guerreras para justificar tal cesión de poder, y evoca la existencia de instituciones similares en otros reinos, haciendo alusión a las Diputaciones de la Corona de Aragón, olvidando que en estas los consejeros son nombrados por el rey, y no por las Cortes.

La situación se agrava para el Trastámara cuando al año siguiente Catalina, hija del difunto Pedro, casa con Juan de Gante, duque de Lancaster, y ambos, con el apoyo de los monarcas inglés y portugués, pretenden ser reconocidos como reyes de Castilla. Juan I convoca Cortes en Segovia en 1386, en las que hace un desesperado alegato, afirmando que todo hombre debe trabajar y morir “por su religión, su rey y su tierra”. A los curiales les promete seguir sus consejos al pie de la letra, y les amenaza veladamente con que la falta de recursos empujará a muchos de sus soldados al bandolerismo (estamos en la época de las grandes compañías mercenarias que al licenciarse se dedicaban al saqueo). A pesar de ello, se ve obligado a autorizar a que las Cortes fiscalicen sus gastos para lograr el empréstito.

Tras una guerra que tiene mucho de rapiña generalizada, el monarca logra un acuerdo de paz con los pretendientes, mediante un cuantioso subsidio y el acuerdo de matrimonio de su heredero Enrique con la hija de aquellos, Catalina de Lancaster, que resuelve el pleito dinástico. Nuevamente necesitado de caudales, convoca Cortes en Briviesca en 1387. Entre la lista de agravios se deduce la inoperancia del Consejo Real: como era previsible, el monarca procuraba gobernar ignorándolo en lo posible. Los procuradores, por su parte, se quejaban de la preeminencia que los Grandes tenían dentro del mismo.

Los últimos años del reinado ven un tira y afloja continuo entre el rey, necesitado de nuevos dineros, y los curiales, que se quejan una y otra vez de promesas incumplidas en la fiscalización de las cuentas reales, que el monarca obstaculiza en lo que puede (Cortes de Palencia de 1390). La muerte prematura de Juan I y la minoría de edad de su hijo Enrique II a partir de 1391, ve un renacimiento transitorio de la importancia de los consejos ciudadanos. Las Cortes de Madrid de 1393 logran que la presencia de miembros del tercer estado iguale en número a la de los nobles y prelados en el Consejo real, la supresión de gastos inútiles y despilfarros por la corte, y rebajan la concesión de subsidios al rey de los 35 millones de maravedís solicitados a 25 millones.

Al alcanzar la mayoría de edad, el rey Enrique retoma la costumbre de nombrar corregidores en las ciudades, acabando con el poder curial al impedir la fiscalización de sus cuentas. Apoyado en la alta nobleza y los obispos (procedente con frecuencia de las mismas familias), el monarca se libera definitivamente de lo que entiende como intrusión excesiva de los burgueses en su gobierno. Las cortes de 1406 en Toledo, vienen a reconocer finalmente su subordinación con la frase “al fin es forzado hacer lo que el rey mandase”, cuando el monarca obtuvo la concesión de subsidios futuros para la guerra contra el rey nazarí de Granada, si fuesen precisos, sin convocar nuevas cortes. A partir de ese momento, el Consejo Real funcionará fundamentalmente como un órgano nobiliario, y los conflictos del rey de Castilla serán únicamente con los aristócratas de su reino.

LA EFÍMERA EXPERIENCIA PORTUGUESA

Mientras en Castilla el poder de las Cortes sobre el rey sufre un viaje de ida y vuelta, el renacido reino portugués vivirá un proceso parecido. Inmediatamente después de la muerte de Fernando I, el concejo de Lisboa (el más importante del reino) se quejó amargamente a la regente, la viuda Leonor, de que el difunto había gobernado sin atender al “buen consejo”, y le solicitan que nombre un Consejo real con dos hombres buenos de cada una de las seis comarcas. Leonor contestó manifestando su deseo de contar con dos prelados en su Consejo real, así como vagamente “a los mejores y más honrados hombres según vuestro consejo” sin especificar número ni procedencia.

Esta frialdad jugó un papel importante en la retirada de apoyo de los concejos. De ellos partió la iniciativa, en 1385, de concluir la guerra con las Cortes de Coimbra. Juan de Avís, vencedor momentáneo de la guerra, fue reconocido por los concejos, deseosos de un entronizar un monarca portugués, y rechazando al rey consorte castellano como extranjero. En su preámbulo, acusa al difunto Fernando de Borgoña de no escuchar al pueblo, y actuar por su cuenta en asuntos graves como sus matrimonios, la quiebra de la moneda o las declaraciones de guerra, cayendo en graves errores y perjudicando al reino. A cambio de su apoyo, solicitaron diversas contrapartidas. En primer lugar, la tradicional reparación de agravios. Los concejos le ofrecen ayuda condicionada: un tesorero nombrado por ellos se encargará de cobrar y distribuir la ayuda. El nuevo monarca renuncia a cobrar otra ayuda que no sea votada en Cortes. Asimismo, se le impone un Consejo Real formado por dos clérigos, cuatro hidalgos y cuatro letrados representantes de las principales ciudades del reino (Lisboa, Oporto, Coimbra y Évora) escogidos por el rey de una lista proporcionada por las cortes. Juan se comprometió a que todos los asuntos importantes de gobierno serían tratados y decididos en una reunión anual de las Cortes. Sobre el papel, los concejos portugueses (escarmentados con la dañina autocracia de Fernando) habían diseñado la monarquía más participativa de la Cristiandad, con un rey sujeto en buena medida a la dirección de los representantes de los vasallos.

La realidad fue muy otra. Durante los primeros quince años del reinado las Cortes se reúnen casi todos los años, a partir de 1400 cada vez más espaciadas hasta ser excepcionales, y únicamente convocadas para reparar agravios. Como otros monarcas hispánicos, en cuanto la situación exterior mejora (en el caso de Juan por su matrimonio con la hija de Juan de Gante, duque de Lancaster, y el posterior reconocimiento castellano de su legitimidad), las Cortes dejan de ser necesarias, y se prescinde de su convocatoria para gobernar con más libertad.

LAS DIPUTACIONES DEL GENERAL EN LA CORONA DE ARAGÓN, CÉNIT DEL PODER DE LAS CORTES

Situación muy distinta es la que ocurre en la Corona de Aragón. Desde la invasión de Sicilia, la monarquía aragonesa se vio envuelta en constantes guerras exteriores para controlar el comercio mediterráneo. A partir de la intervención de Pedro IV el Ceremonioso en el conflicto civil castellano desde 1356 (y su subsiguiente implicación en la guerra de los Cien Años), el estado de guerra en el reino fue permanente. Los ingresos reales eran insuficientes para asumir los esta política, y nuevamente la necesidad del rey de que le votaran subsidios fue el arma ideal en manos de las cortes de los reinos.

En el contexto de esta situación es donde aparece una institución característica de la Corona de Aragón: la Diputación del General.

Las pioneras son las cortes de Cataluña, en 1359, que ofrecen al Ceremonioso 288.000 libras a pagar en dos años para reclutar y sostener una fuerza de caballería pesada (piedra angular sobre la que descansa la táctica militar contemporánea). El montante saldrá de una derrama llamada fogaje (porque se cobra una cantidad fija por casa o fuego) controlada por una comisión de las Cortes, formada por unos representantes llamados diputados. La novedad consistía en que no sólo la recaudación, sino también la gestión del montante estaban en manos de una institución de las Cortes: la Diputación del General. Los diputados tenían un mandato limitado en el tiempo y en sus cometidos. Su tarea es estrictamente al margen del rey y sus oficiales, que no puede ni investigar ni reclamar nada de la tarea asignada a los diputados. De hecho, tras rendir cuentas a los procuradores, se manda quemar todas las actas de la operación, para evitar que en un futuro el monarca pueda ejercer represalias sobre los diputados. Doce diputados (cuatro por cada brazo) eran los encargados de todas las gestiones, contratar y supervisar a recaudadores, y gestionar eventuales préstamos. Las dudas que pudieran surgir se trataban ante una comisión especial elegida por las Cortes.

En principio, esta modificación no supone una disminución de la autoridad real. Sobre el papel, el único cambio es que el monarca recibirá la ayuda, no como subsidio en el que se ha tasado lo solicitado, sino como colaboración material, por el montante acordado en las Cortes. Pero el caso es que el celo con que las Cortes defienden su gestión del subsidio supone también un desmedro del poder real. Al rey no le queda otra, ante este tipo de ayuda, que retrucar a los procuradores protestando porque el auxilio prometido no se ajusta a lo acordado. Pero esto supone, a fin de cuentas, situar al monarca en un plano de inferioridad con respecto a las Cortes. El paso de rey a pedigüeño es muy corto. Y no hay rey soberano al que le agrade semejante posición.

La guerra continúa y en sucesivos auxilios las Cortes perfeccionan la Diputación: cinco años más tarde son veinte los miembros, divididos en comisiones específicas con representantes de cada uno de los brazos: hay contables, recaudadores, oidores, contratantes de combatientes, inspectores que se aseguran de que portan todo el equipo ajustado en el contrato, etc. La propia Diputación se jerarquiza, con tres miembros, uno de cada brazo, que permanecen en Barcelona coordinando el trabajo, mientras el resto viaja por toda Cataluña para cumplimentar las diversas tareas del encargo.

Dado el encadenamiento de un subsidio con el siguiente, el General se convierte en una institución permanente, que actúa entre Cortes, asegurándose de que el subsidio votado sea ejecutado correctamente. Los procuradores subsanan así el gran defecto del método antiguo: hasta la convocatoria de las siguientes Cortes no había forma de pedir responsabilidades al rey del cumplimiento de lo acordado en las anteriores. Eran los famosos memoriales de agravios, que tan desagradables hacían a los monarcas las convocatorias de Cortes. Incluso este sistema no era perfecto, pues no era raro que finalmente los procuradores, en aras de un acuerdo, dejaran pasar algunos agravios.

La institución de las Diputaciones pronto pasa del Principado al resto de reinos de la Corona. En las Cortes generales de Monzón, entre 1362 y 1363, a las que asisten aragoneses, valencianos y catalanes (y los mallorquines unidos a estos), se acuerda crear unos impuestos propios del General, que son llamados por eso Generalidad. Pedro IV recibe en las mismas un fogaje de 250.000 libras más las generalidades cobradas ese año en toda la Corona.

La Generalidad (Generalitat en romance lemosín) fue la auténtica base del poder de las Cortes, por encima incluso de sus privilegios forales. La principal fuente de ingresos era una tasa que grababa la fabricación (5%) y venta (5%) de paños, industria muy boyante en los reinos. Muy interesante son las medidas económicas asociadas y la razón de su aplicación: se prohibió la venta de paños extranjeros en el reino. Con ello se esperaba evitar la salida de moneda (y metal precioso) al exterior, favorecer a los artesanos del ramo de la Corona, dar salida a la lana del país (incentivando la expansión de los rebaños y por consiguiente la disponibilidad de carne), atraer artesanos de otras regiones y aprender de ellos, y en última instancia mejorar las vestiduras en general por la abundancia de paños. Los paños fabricados recibían un sello con el símbolo del rey en el anverso y el de la ciudad productora en el reverso, tras comprobar su calidad y el cobro de la tasa. De este modo, la Diputación ejercía una auténtica política económica en un sector que, por estar radicado en las ciudades, caía plenamente en sus competencias. Esta expansión del poder de las Cortes limitaba el poder real, que los clásicos circunscribían a la justicia, la moneda, la defensa y la diplomacia exterior.

La tasa se completa con el cobro de 3 florines a todas las cofradías e impuestos a las exportaciones de una larga lista de artículos y productos. Al igual que el fogaje, la Generalidad se cobra y gestiona por una comisión de la Diputación totalmente independiente del poder real.

Como hemos dicho, los subsidios se superponen porque las necesidades militares del rey obligan a convocar Cortes casi cada año. Asimismo, los retrasos en el cobro obligan a la Diputación a emitir deuda para cubrirla, garantizada con la propia Generalidad. La Diputación se convierte en permanente para atender todas estas obligaciones, y sus mandatos se prorrogan entre las Cortes, que son las que los cesan y nombran otros nuevos. Así, en Cataluña los mismos diputados se mantienen entre 1388 y 1405, y en el Reino de Valencia desde 1403 hasta 1418.

El final de la casa de Barcelona en el trono de la Corona por falta de herederos legítimos coincide con la madurez del organismo del General, principalmente para atender su deuda. La Diputación se transforma desde una comisión de las Cortes en un organismo plenamente autónomo. Nuevamente la pionera es Cataluña, que en las Cortes de 1413, establece que la Diputación del General la formarán 3 diputados, 3 oidores de cuentas (o inspectores) y 2 abogados. Su mandato se prolongará tres años, al final de los cuales ellos mismos nombrarán a sus sucesores. La Diputación alcanza así su independencia plena. Valencia adoptará este modelo en 1418 y Aragón en 1436.

Como es lógico, ese poder económico pronto traerá aparejado un poder político, pues teóricamente la Diputación representa a las fuerzas económicas y sociales del reino, aunque en realidad es la burguesía ciudadana, el antiguamente llamado “brazo real”, quien mayor fuerza dispondrá en el organismo. Los aliados del rey contra la nobleza siglos atrás, encabezan ahora el recorte de poder de la corona en beneficio propio.

En Valencia, la Diputación se considera capacitada para reclamar en caso de contrafuero de forma permanente (al margen de la convocatoria de Cortes) pudiendo suspender la ayuda económica si no se veían satisfechas sus reclamaciones. Asimismo, se erige en defensora preferencial de la industria y el comercio, fuente de sus ingresos, y por ese motivo llega a intervenir en asuntos de índole internacional, teóricamente reservados al rey: en 1404, la Diputación valenciana se dirige directamente al rey de Castilla para, finalizada la guerra, solicitar la reapertura del comercio. En Aragón, aunque incorporada tardíamente, la Diputación adquirió un poder desorbitante: sancionaba la jura del rey y su heredero (asegurándose de que se hiciese conforme a fuero), intervenía en la designación de lugartenientes de las fuerzas del orden público, de la recluta de tropas para fronteras o en algunos casos de conciliaciones de paz y tregua en luchas intestinas, atribuciones todas ellas en principio exclusivas del monarca. En Cataluña profundizarán en su línea inicial de autonomía, ordenando a los diputados que no paguen las ayudas al monarca si no satisface agravios. En 1413 las Cortes comisionan oficialmente a la Diputación la defensa de los usatges y constituciones forales catalanas; en 1454 la Diputación interviene derogando la reforma monetaria y los aranceles a la importación de paños decididos por el poderoso consell de Barcelona por considerarlas contrarias a fuero. En 1461, en fin, es el general el que impone a Juan II la capitulación de Villafranca, por la que el rey no podrá entrar en el Principado sin autorización expresa de las Cortes catalanas. Jamás un monarca hispánico había visto tan humillada su autoridad.

LA RECUPERACIÓN DEL PODER REAL EN EL SIGLO XV

En Castilla es donde más pronto decae la influencia de las Cortes. En las de Toledo de 1406 se autoriza al rey Enrique III a decretar impuestos extraordinarios por importe superior al fijado por las Cortes, lo que supone ceder la principal arma de control que estos organismos poseían. A lo largo del siglo irán perdiendo otras atribuciones. Principalmente el dominio de las ciudades, donde los Corregidores, oficiales reales, terminan por convertirse en la máxima autoridad.

Esta decadencia ocurre pese a que la situación interna del reino, con luchas continuas entre bandos nobiliarios y de estos contra el monarca, era campo propicio para recuperar cierto protagonismo. Una última oportunidad aconteció en las Cortes de Ocaña de 1469, reunidas para poner fin a la anarquía desatada por la guerra civil entre las dos aspirantes al trono, Juana e Isabel, hija (motejada de ilegítima) y hermana respectivamente del último rey, Enrique IV. Para jurar a Isabel como reina, las Cortes proponen retomar el control directo de los subsidios concedidos al monarca, e incluso formar una suerte de Diputación permanente a la aragonesa, con cuatro procuradores que permanecerían junto al trono para asegurarse de que el dinero era empleado correctamente, transmitir agravios y asegurarse del cumplimiento de lo acordado en Cortes. La enérgica Isabel se mantuvo firme y obtuvo otros apoyos. El frente de los procuradores se quebró, y finalmente la juraron como reina sin obtener nuevas atribuciones.

Los Reyes Católicos concluirán este proceso de centralización del poder, no sólo fortaleciendo al máximo la figura de los corregidores, sino centralizando en la Corona otras instituciones inicialmente ajenas, como el Consejo Real (que se había creado inicialmente para controlar a los reyes, y devino mero gabinete de ministros o consejeros designados por el rey) o las milicias de las Hermandades, surgidas en los municipios originariamente para defenderse de las depredaciones y luchas de los nobles.

En las Cortes de Madrigal de 1476 se emplearon las milicias como base para un ejército permanente sujeto al trono (al estilo de los que ya estaban implantando en aquella época el rey de Francia o el duque de Borgoña). Los municipios seguirían proporcionando los hombres necesarios, así como sus armas, caballos y vituallas; en la nueva junta de la Santa Hermandad, cada ciudad enviaría dos procuradores, pero uno de ellos sería de designación real, con lo cual la reina se garantizaba al menos la mitad de los votos… Las ciudades protestaron, al ver que seguían cargando con el coste de la milicia armada, sin contar ya apenas en las decisiones sobre su empleo. Nuevamente se puso de manifiesto su debilidad cuando nada pudieron hacer para modificar el nuevo sistema.

La buena labor de los reyes para acabar con las insufribles banderías nobiliarias y su eficaz reforma de los oficiales reales y las rentas pagadas por la corona, así como su política de hacer pagar algunos impuestos también a hidalgos y eclesiásticos, ganaron para el trono enorme popularidad (sin olvidar el gran carisma y virtudes personales de doña Isabel), y le permitieron efectuar sus reformas centralizadoras con mucha menos oposición de la esperada.

El proceso culmina en las Cortes de Toledo de 1480. Eliminada la oposición nobiliaria y el bandolerismo, los reyes buscan sanear el tesoro real eliminando la inmensa cantidad de rentas de favor cedidas a la nobleza en reinados anteriores, que asfixiaban las cuentas del monarca. Isabel y Fernando de Trastámara manipularon las Cortes, logrando la designación como procuradores a nobles o a burgueses deudores de nobles de los concejos. Las ciudades fueron completamente dejadas de lado, y los monarcas pactaron con nobleza y eclesiásticos (los principales beneficiarios, ahora sometidos por el poder real) la reducción de las rentas cedidas de 63 millones de maravedís a 32. A cambio, los procuradores recibieron por primera vez un estipendio de la corona, de 4 millones de maravedís, así como la potestad de ceder sus cargos municipales en herencia a sus hijos, ambas cosas constituyentes de contrafuero en las leyes viejas. A cambio, se votó un fabuloso subsidio de 104 millones de maravedís, que pagarían en su mayoría las ciudades… que no habían sido consultadas. El triunfo del poder real se cierra con la reforma de la Audiencia, donde los técnicos letrados (hechura del monarca) serán mayoría absoluta frente a nobles y clérigos (al contrario de la organización precedente) y del Consejo Real, formado íntegramente por técnicos con cierta autonomía, pero finalmente dependientes del rey.

Desde la reunión de Toledo y hasta el canto del cisne de la rebelión comunera, las Cortes castellanas no supusieron poder real alguno.

La rama aragonesa de los Trastámara, que accede al trono en 1412 (tras el compromiso de Caspe)1 en la persona de Fernando I el de Antequera, tiene una tarea mucho más complicada ante sí con las Diputaciones del General. Fernando, experimentado regente y consejero en Castilla durante muchos años, se preocupa de preservar en lo posible el poder real y la influencia de su poderosa familia, con amplias posesiones en Castilla, en la que ve (acertadamente) un soporte mucho más firme que el de las atribuciones reales de la corona. Gobierna con prudencia y sabiduría pocos años, y su heredero Alfonso V emprende una política diferente para obtener dinero y autonomía de poder: se embarca con éxito en la reclamación del rico reino de Nápoles, donde pasará la mayor parte de su reinado, y todos sus últimos años, sin olvidar las ambiciones de sus hermanos en Castilla, los llamados infantes de Aragón. Antes de ello, Alfonso ha empleado una de las características astucias de su casa para poder limitar a la Diputación de Cataluña. En 1454, el lugarteniente real se ha ocupado de intervenir en el nombramiento de los consellers de la poderosa Barcelona. Agradecidos, ejercen de partido realista en la Diputación, que recusa el nombramiento de los síndicos barceloneses, por comportarse como agentes del rey. Bloqueada durante meses, la Diputación no puede ejercer una oposición efectiva. Más aún, aceptados finalmente los consellers barceloneses, estos recusarán a la Diputación por el dudoso sistema de elección de los sucesores. A partir de 1458, los sucesores se eligen por un sistema combinado de designación y sorteo: los diputados salientes proponen una lista de nombres, de los que se eligen tres por insaculación.

El General de Cataluña recupera su poder con la guerra civil desatada entre Juan II de Trastámara, rey de Navarra y sucesor de Alfonso en Aragón, y su hijo Carlos, príncipe de Viana, que se refugia en Cataluña. Inseguro y débil, Carlos se convierte en juguete de los poderosos catalanes, que convierten la defensa de sus derechos en la fuente de su fuerza. Incapaz de imponerse por la fuerza, Juan II ha de someterse a un arbitrio entre él y su propio hijo, articulado por las Cortes, que designan a la Diputación y al Consell de Barcelona como garantes de las treguas entre ambos, en la concordia de Villafranca antes citada. Con el nombre de Consell representant de lo Principat de Cataluña, ejercen en la práctica un poder soberano que convierte a Cataluña en casi una república de facto.

En ayuda del rey vendrá una revuelta de campesinos levantados contra los abusos de los señores. Un conflicto rural que se extenderá posteriormente a las ciudades. Debilitado el gobierno con estos trastornos, se facilitará la entrada del ejército real en Cataluña y la guerra a gran escala que durará hasta 1472. El Consell Representant acusa a Juan de contrafuero y tropelía, y tras la trágica muerte de Carlos, eligen rey en la persona de varios monarcas (Enrique IV de Castilla, Pedro de Portugal, Renato de Anjou) que no tienen interés en el cargo. La concordia de Pedralbes pone fin a la guerra con un retorno a la situación anterior.

El hijo y sucesor de Juan II, Fernando (II de Aragón y posteriormente V de Castilla), un político de fuste que ha participado activamente en la campaña catalana, moderniza la administración real al estilo castellano, eliminando gastos superfluos y mercedes, optimizando la recaudación de rentas y llevando a cabo una inteligente política exterior. De ese modo, disminuye la dependencia económica de la corona, y le dota de fuerza frente a las Cortes. Ello se ve en las del Reino de Valencia de 1480, en las que el monarca aprovecha para implantar la Inquisición copiada del modelo castellano. Esta es más que un mero tribunal eclesiástico, y ejerce de auténtico poder espiritual al servicio de la corona contra sus enemigos internos. A mayor abundamiento, los oficiales mayores del nuevo tribunal son todos castellanos, familiares o deudos de la poderosa familia de Fernando en aquel reino. Por último, su principal objetivo son los judíos conversos, vitales para el comercio, y los moriscos, fundamentales para la agricultura en no pocas partes del reino. Las Cortes protestaron vivamente, por ver perjudicados sus intereses, presentando multitud de agravios. El rey amenazó con retirar el ejército castellano que su esposa tenía en la campaña de Granada para someter por la fuerza a los valencianos. Tal contrafuero no hubiese sido tolerado en siglos precedentes, pero tras muchos conflictos, en 1484 los procuradores aceptaron retirar el memorial de agravios y la Inquisición se implantó definitivamente.

La victoria del Trastámara se vio favorecida por la división existente en el brazo militar. La designación de los procuradores del mismo había sido monopolizada por una de las familias más poderosas, aprovechando el sistema de designación. Las otras familias pedirán al rey que imponga la insaculación, pero el astuto Fernando dará largas al asunto hasta 1487 cuando, al terminarse el período de los diputados, resolverá el contencioso nombrando el mismo a los procuradores del brazo militar, que se convierten en hombres suyos en las Cortes.

Ese mismo año Fernando se hace también con el control de las Cortes de Aragón. Caso insólito, la Diputación aragonesa, con su mala gestión, ha incurrido en deudas acumuladas e intereses que no pueden pagar, y son los procuradores los que solicitan al rey la convocatoria de Cortes (prerrogativa real) para que el boyante tesoro real alivie al de la Diputación. El rey no es de los que dejan pasar semejante oportunidad. Va dando largas a la convocatoria de Cortes alegando problemas más urgentes y su imposibilidad de presidirlas, pese al insistente ruego de los representantes de los tres brazos. Cuando la bancarrota aragonesa es ya un hecho, logra arrancar la promesa a los procuradores de que si convoca Cortes no presentarán memorial de agravios y que, de hecho, se abandonarán plenamente a la voluntad real si remedia su quiebra. Las Cortes de Zaragoza de 1487 suponen un auténtico sometimiento de la Diputación del General de Aragón: Fernando II impone un plan de saneamiento bastante similar al de las Cortes de Toledo de 1480: nombra oficiales para controlar ingresos y gastos e inspectores para supervisar los nombramientos, avala créditos, llega a prestar dinero a los diputados y ejerce de mediador entre la Diputación y sus acreedores. En este ambiente es en el que los procuradores juran obediencia a los inquisidores traídos por el rey, tras haberse opuesto anteriormente a ellos durante años, tanto por medio de embajadas y protestas como incluso con el asesinato del Inquisidor general unos pocos años antes.

Fernando el Católico logrará, después de más de un siglo de autonomía plena, domeñar a la Diputación del General de Cataluña. En 1488 interviene, ante el escándalo de los abusos de los diputados, más preocupados por sus patrimonios y los de sus allegados, y pone fin al sistema de cooptación de los diputados, pasando a nombrar directamente a diputados y oidores.

En poco más de cuatro años, el sagaz Fernando ha logrado por diversos medios someter a su voluntad a las Diputaciones de sus reinos aragoneses, tradicionalmente díscolas. A diferencia de las castellanas, no obstante, persisten como organismo, aunque muy estrechamente vigiladas por el monarca. Ello significa que, al menos teóricamente, pudieran recuperar en el futuro su fuerza con otro rey más débil o manirroto.

CONCLUSIONES

La historia de las Cortes en España presenta muchas características que la hacen única. La primera de ellas, la importancia capital que tuvieron los concilios eclesiásticos en la legislación y política del reino visigodo católico (589-711 d.C). En ellos vemos muchas características que conformarían posteriormente las reuniones de Cortes, amputadas por la conquista musulmana. El Reino cristiano de León sería el que con mayor consciencia trataría de dar continuidad al estado godo a partir del siglo IX (aunque la separación de las pujantes Castilla y Portugal frustró ese proyecto a lo largo del siglo XII). No sólo reanimó el uso político de los concilios, sino que también empleó otras instituciones similares, como la Curia Regia, y fue el primero en toda la Cristiandad en convocar unas Cortes completas, las de León, en 1188, donde ya figuran los tres brazos estamentales. En Cataluña existieron con anterioridad las asambleas de paz y tregua, con funciones parecidas, y también con presencia de burgueses.

Desde finales de ese siglo, los monarcas reconocen de forma más o menos explícita, que no deben gobernar sin el concurso de sus vasallos. Las Cortes servirán pronto para que, a cambio de obtener ayuda financiera, los reyes compartan de forma temporal o permanente el poder con sus súbditos. Las Cortes aprovecharán también las minorías de edad y los conflictos sucesorios para ir afirmando su poder. La excepción fue Navarra, donde la fortaleza de los estamentos se basó en el fuero principalmente. En Aragón el sistema fue mixto fueros-Cortes: en las de Zaragoza de 1284, la Unión de ricoshombres amenazó al Pedro III el Grande con desnaturalizarse si no confirmaba los privilegios del reino. El autoritario monarca hubo de ceder y además creó la figura del Justicia de Aragón, para defender los fueros de Aragón.

En Cataluña, a lo largo del siglo XIII, las cortes aprovechan la necesidad de dinero del rey para orientar su política exterior (hacia el dominio del comercio en el mediterráneo occidental en vez de hacia recuperar los dominios transpirenaicos a manos de parientes reales) y fiscalizar incluso las cuentas reales a cambio de financiación. En Castilla son las minorías de edad y los pleitos dinásticos los que permiten a los concejos gestionar sus propios asuntos, crear su propia milicia (las Hermandades) e incluso imponer algunos miembros del Consejo Real, a cambio de apoyar a uno u otro candidato o regente.

En Castilla, la nueva dinastía de los Trastámara trata de fortalecer su posición con matrimonios dinásticos, pero durante sus primeros 30 años, las guerras exteriores e interiores y las minorías de edad permiten una prolongación del dominio de las Cortes. Finalmente, Enrique II, a partir de 1400, logrará eliminar la influencia de las ciudades en la fiscalización de sus cuentas y en el Consejo Real, a cambio de favorecer a la alta nobleza, el nuevo poder del reino. Las Cortes y los concejos irán perdiendo prerrogativas, incluso en las propias ciudades. Su última oportunidad será en las Cortes de Ocaña, con motivo de la conciliación entre Juana e Isabel tras la guerra civil, pero también fracasarán ante la firmeza de la reina Católica, que dominará el Consejo Real y usará las Hermandades como base para el nuevo ejército real. Castilla será pronto un reino ejemplarmente monárquico y centralizado en una Europa aún batida por el feudalismo que se resiste a perder sus privilegios.

Portugal correrá la misma suerte, con la breve excepción de las Cortes de Coimbra, donde, a cambio del apoyo al nuevo monarca Juan de Avís, los brazos pretenden imponerle un control a sus finanzas y acción de gobierno. Conforme se asiente en su trono, Juan espaciará la convocatoria de Cortes hasta dejar de contar con ellas.

En la Corona de Aragón, por el contrario, las continuas necesidades de dinero del monarca para las guerras exteriores trae como consecuencia una gran preponderancia de la influencia de las Cortes, particularmente las catalanas. Desde 1359, se creará la Diputación del General, un organismo original de control de las ayudas al rey votadas en Cortes, que funcionarán como fiscalizadores directos de la recaudación y empleo de la ayuda, al margen de los oficiales reales. Más aún, dispondrán de su propio impuesto, la Generalidad, que convertirá a la Diputación en auténtica institución permanente de gobierno dentro de sus atribuciones. Los últimos monarcas de la casa de Barcelona y los primeros de la de Trastámara habrán de sufrir tal coartación de su autoridad. Finalmente, el enérgico Juan II, con su guerra a las Cortes catalanas, y finalmente su astuto hijo Fernando II, gracias a una administración eficaz y al apoyo recibido de Castilla, dejará de depender de las Cortes, y poco a poco irá coartando su poder hasta controlar a la Diputación del General.

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Las Cortes hispanas (y sus antecesores, los concilios basados en los visigóticos, la Curia Regia y las asambleas de paz y tregua) ganaron importancia en la Península a partir del desarrollo y expansión de los reinos cristianos. Aparecidas en los siglos X y XI, fueron preponderantes durante el siglo XIII gracias a su capacidad de financiar a la corona, para comenzar su declive frente al poder real a partir de principios del siglo XV en Castilla y a finales del mismo en Aragón, en un proceso paralelo al de otros reinos de la Cristiandad.

 
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