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Algunas líneas de reforma económica

Opinión - Opinión política

 

No pretendo elaborar en tan pocas líneas un programa completo de reforma económica que esté acorde con mi visión de lo que es el pensamiento tradicionalista, entre otras cosas porque sería arrogarme la interpretación correcta de lo que el Tradicionalismo supone en materia económica y nada más lejos de mis capacidades.

Pretendo, sin embargo, identificar algunos errores en los aspectos económicos regulados principalmente en nuestra actual Constitución (en adelante CE), que explican la incapacidad de las medidas concretas de nuestros gobernantes para alcanzar el bienestar económico que siempre nos anuncian.

Suele decirse que España ha optado por un sistema de economía mixta, o social de mercado según prefieren otros. Así el artículo 128 reconoce la iniciativa privada en la actividad económica, mientras que el artículo 133 permite al Estado la planificación de la actividad económica. El contenido de ambos artículos está anticipado en el 38 del mismo texto legal y es una clara referencia al consenso entre los partidarios de la planificación central de la economía (marxistas) y los partidarios de la libertad absoluta (liberales), que ha generado la situación actual de corte socialdemócrata: una coalición de intereses entre el poder político y económico. Una situación, como poco, intuida, por ejemplo, por autores que no nos repugnan en absoluto como Hilarie Belloc en su libro El Estado Servil, hace un siglo.

El mercado no es contrario a la Tradición, bajo mi punto de vista. Recientemente el Santo Padre dijo que “si hay confianza recíproca y generalizada el mercado es la institución económica que permite el encuentro entre las personas, como agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y deseos” (Caritas in Veritate, 35) para añadir más adelante: “es verdad que el mercado puede orientarse en sentido negativo, pero no por su propia naturaleza, sino por una cierta ideología que lo guía en este sentido (ibidem, 36)”. Por tanto, el sistema que debemos defender es de libertad de mercado pero insistiendo en la sujeción de todos a las leyes y reconociendo el principio de subsidiariedad recogido en la doctrina social de la Iglesia.

El principio de subsidiariedad indica que las decisiones deben tomarse en el nivel más próximo al de los afectados y, a ser posible, por ellos mismos. Sólo en caso contrario, debe subirse en el nivel del órgano de intervención hasta llegar al Estado. El Estado es, por tanto, la última institución llamada a intervenir en un problema económico, no la primera. Antes están otras, empezando en lo político por las locales.

El papel del Estado como asegurador de determinados servicios mínimos (artículos 39 al 52 de la CE) al margen de los que sólo el Estado puede dar (seguridad interior, defensa exterior, Justicia…) no implica que el Estado deba ser el proveedor de los mismos. Esta es, por ejemplo, la trampa de la educación pública: el Estado se erige en proveedor del servicio como modo de asegurarlo y, finalmente, termina por expulsar a la iniciativa privada. El Estado sólo debe ser el proveedor de dichos servicios mínimos cuando ese es el único método de asegurarlos.

La sujeción a las leyes de todos exige, al margen de un buen sistema de Administración de Justicia, pocas leyes, generales, claras y estables en el tiempo. No hay seguridad jurídica allí donde el marco jurídico no es estable. Es importante acabar con las legislaciones especiales de determinados sectores porque todos los sectores se consideran a sí mismos especiales. Sin embargo, sólo aquellos que tienen la capacidad para hacer llegar su interlocución a los órganos de dirección del Estado, alcanzan la consideración legal de especiales, como ocurre con el bancario (un ejemplo de la coalición que antes apuntaba entre los poderes económicos y políticos).

España debería recuperar, si quiere seguir llamándose Nación, un atributo de su soberanía que ha perdido: el de emisión de una moneda propia. Dicha moneda debe ser una moneda sana, lo que no es posible con el sistema de banca central con reserva fraccionaria que se aplica en todo el mundo y aplicaba también nuestro Banco de España mientras fue instituto emisor.

El coeficiente de reserva fraccionaria es una violación del Derecho Romano. En concreto supone que los bancos no tienen que tener a disposición de los depositantes a la vista todo el efectivo confiando, sino sólo una reserva. Los bancos sólo debieran poder prestar aquello que se les ha prestado con plazo de devolución, pues en ese caso se les ha trasladado la propiedad. En el depósito a la vista los bancos, saltándose las instituciones clásicas de Occidente, prestan un efectivo de cuya propiedad no se les ha dado el traslado. Esto no es una mera disquisición jurídica, sino que es una de las dos patas en las que descansa el sistema financiero que padecemos y que genera periódicas crisis (cada vez más acusadas) como la que padecemos. La otra pata del problema es que la moneda emitida por los bancos centrales (ahora el Central Europeo, antes el de España) carece de respaldo metálico. Es decir, un banco central emite la cantidad de moneda que su consejo de dirección decide que es necesario (un ejemplo de planificación central) Ese consejo puede ser bienintencionado y estar formado por los mejores economistas, pero deciden sobre algo que supera las capacidades de cualquier ser humano: la cantidad de dinero en circulación que se necesita. La cantidad de moneda o debe ser metálica o deben ser billetes que representan depósitos de metal precioso. De ese modo se substrae de la decisión política la cantidad de moneda en circulación. Lo contrario nos conduce a lo que modernamente llamamos inflación o clásicamente envilecimiento de la moneda y que es una de las causas que justifican el tiranicidio según el Padre Mariana.

La banca medieval, que alcanzó grados de complejidad muy avanzados, no permitía ni la reserva fraccionaria ni la emisión de billetes (que entonces y hasta el siglo XIX la hacían bancos privados siempre con respaldo metálico). La violación de la obligación de mantener todo el efectivo entregado a la vista o de la emisión con respaldo metálico llegó a pagarse con la horca. Hemos ido pasando de la pena de muerte, a la de cárcel, y de la responsabilidad ilimitada del empresario a la responsabilidad limitada y a que el Estado reponga las pérdidas de los bancos.

La institución de la responsabilidad limitada de los socios a sus aportaciones debe ser revisada, a fin de que no se convierta en un modo de eludir la responsabilidad individual en las actividades económicas. En este sentido, las sociedades de carácter personalista deben recuperar mayor protagonismo en la vida social. La responsabilidad limitada, que reside en figuras como las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y las cooperativas, suele ponerse como ejemplo de institución que ha permitido el desarrollo capitalista moderno al limitar las pérdidas a los capitales aportados a una empresa (en el sentido etimológico del término), pero soslayando el deber del emprendedor de responder con su patrimonio por las pérdidas que pueda ocasionar a otros en el desarrollo de la misma. Cualquiera que se mueva en el tráfico mercantil moderno sabe que las cautelas de los acreedores frente a un pequeño empresario intentan eliminar dicha responsabilidad limitada, mediante el aval del empresario individual y la constitución de garantías sobre su patrimonio por ejemplo, como modo de que se responsabilice de sus actuaciones.

La imposición de cargas tributarias a los ciudadanos debe contar con un mayor grado de aceptación por parte de estos. Los reyes medievales no podían imponer estas cargas con la facilidad de hoy. Cualquier exacción fiscal no aceptada es, en el fondo, un ataque al derecho de propiedad que no puede justificarse por la finalidad de la misma (salvo defensa de la Nación y algunos otros ejemplos).

La previsión social y las instituciones de caridad deben sustraerse a la acción del Estado. El Estado moderno descubrió que una gran parte del amor a la Iglesia provenía de sus actuaciones en este campo y ha intentado desplazar por todos los medios a la Iglesia de estas actividades. La diferencia está en el modo en que se han financiado las mismas en el Estado y en la Iglesia, impuestos o limosnas, y la eficacia en el desarrollo de las mismas (mucho mayor en la Iglesia). Nunca debe prestar el Estado estos servicios, salvo cuando el principio de subsidiariedad lo exija, porque el Estado actúa como Judas que dijo esto no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía la bolsa, cogía de lo que echaban (San Mateo, 12, 6)


Rubén Manso Olivar es doctor en ciencias económicas y empresariales, y licenciado en derecho, ocupa el cargo de profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares. Inspector del Banco de España en excedencia, ha presidido el subgrupo de sociedades de gestión de activos del grupo Banco Zaragozano y Eurobank del Mediterráneo, durante el proceso de intervención a que fue sometida esta entidad por el Banco de España. Antiguo socio de Analistas Financieros Internacionales, es socio fundador de Mansolivar&IAX.

Este artículo fue presentado en forma de informe técnico a la comisión económica encargada de elaborar el programa político de la Comunión Tradicionalista Carlista durante el congreso nacional celebrado en Getafe los días 1 y 2 de mayo de 2010


 

 
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