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Dichas leyes no son positivas para la
sociedad, ya que fomentan la
desestructuración de la misma, al equiparar
lo que son realidades totalmente opuestas:
el Matrimonio entre un hombre y una mujer y
las parejas de hecho homosexuales; es decir,
se pretende restar todo sentido al
matrimonio, poniéndolo al mismo nivel que
una “convivencia afectiva” entre dos
personas con independencia de su sexo.
Pensamos que con estas medidas se está
atentando contra la institución del
Matrimonio, que es el fundamento de la
comunidad familiar. Se atenta contra la
familia, que es la célula básica de la
sociedad civil. Se atenta, por tanto, contra
la misma sociedad y contra su estabilidad y
progreso. Estamos jugando peligrosamente con
nuestro futuro. Asimismo, nos resulta
totalmente incomprensible la posibilidad de
igualar jurídicamente la unión de un hombre
y una mujer en el Matrimonio, con la de
personas de un mismo sexo. El amor conyugal
tiene únicamente sentido y plenitud en la
complementariedad sexual y en la fecundidad
de las relaciones, siendo, por lo tanto,
algo diametralmente opuesto a la convivencia
homosexual, con lo que nos resulta ilógica
su equiparación.
Con estas medidas, apreciamos la
confirmación de lo que viene siendo una
creciente tendencia al control e
intervención del Estado en todos los ámbitos
de la vida de las personas y de la sociedad,
atribuyéndose competencias que no le
corresponden, dando rango jurídico a
cualquier realidad que nos rodea, sea o no
positiva. En el caso concreto de la
institución familiar, queremos constatar una
realidad que sabemos indiscutible: La
familia es una sociedad más antigua que
cualquier otra y sus derechos son también
anteriores. Siendo sujeto de derechos y
deberes antes que el Estado y que cualquier
otra comunidad, la familia se impone a la
autoridad pública al ser anterior a todo
reconocimiento por parte de esta autoridad.
Queremos denunciar que con estas leyes se
está atentando desde las instituciones
públicas contra el derecho propio y
primordial del que es sujeto la institución
familiar.
Como carlistas y católicos queremos
manifestar nuestro absoluto rechazo a estas
leyes que contribuyen, aún más, al constante
proceso de secularización y
descristianización
de la sociedad española. Creemos que en esta
España de hoy existen realidades sociales
con las que el Estado debería tener mayor
consideración y respeto, por ejemplo las
familias, fundamentadas en el vínculo
matrimonial; las familias numerosas; los
matrimonios jóvenes que ven con temor su
futuro inmediato ante la precariedad
laboral... ¿No son realidades mucho más
urgentes y necesarias que el legalizar
conductas que afectan a la esfera de la
privacidad de las personas?
Junta Regional de la Comunión
Tradicionalista Carlista del Reino de
Valencia |
