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La forma más antigua de tratar los asuntos
públicos (la política) es el asambleísmo.
Esto es, la reunión de todos los hombres
adultos para discutir los temas que a todos
afectan. La democracia hace referencia al
“gobierno del pueblo”, y en su cuna, Atenas,
aludía al hecho de que todos los ciudadanos
varones adultos tenían derecho a participar
en la asamblea y a ocupar magistraturas, por
contraposición a la oligarquía, que limitaba
la asamblea gobernante y las magistraturas a
un número restringido de ciudadanos, bien en
función de su edad (la gerousía
espartana), de su pertenencia a una estirpe
nobiliaria (el senado patricio) o de su
patrimonio (verbigracia el senado
republicano o la asamblea cartaginesa). La
democracia no presuponía la abolición de las
clases sociales; en la misma Atenas, metecos
o extranjeros estaban excluidos de los
derechos políticos, y los esclavos eran
simples objetos.
Sin duda la Atenas del siglo VI antes de
Cristo es lo más poblado que una asamblea
directa puede dirigir. Las entidades
superiores en extensión y población deben
recurrir al asambleísmo representativo. El
concepto de representatividad se resume en
una acción: la asamblea delibera sobre un
asunto concreto y, tras tomar una
determinación, nombra a un representante
para que la postule y defienda en la
asamblea superior. La persona elegida lo es
en función de su capacidad para cumplir esa
misión con fidelidad. Sin óbice para que
tenga su propio criterio, sabe que su misión
en un asunto concreto es defender y votar en
una asamblea superior la decisión de la
asamblea inferior. Este es, de forma
simplificada, el sentido del concepto de
mandato imperativo, por el cual el sistema
representativo tradicional se aseguraba de
que los intereses de los miembros de la
sociedad se vieran representados fielmente
en las cortes y otras asambleas superiores.
Naturalmente la persona no vive aislada ni
inmóvil. Forma parte de una comunidad y
ejerce un oficio, tiene unas creencias,
practica unos intereses o aficiones... Las
asambleas superiores, pues, deben incluir
también a representantes de aquellas
instituciones surgidas de forma espontánea
en la sociedad. Sindicatos, gremios,
colegios profesionales, universidades,
cámaras, son instituciones no
administrativas que representan a la
sociedad de forma natural.
Veamos ahora lo que son los partidos
políticos. Su germen son los clubs de
opinión, asociaciones políticas creadas
durante la Ilustración y consagradas al
calor de la revolución francesa de 1789. No
representan al pueblo como tal, sino a los
asociados que las componen, que suelen ser
personas de elevado nivel cultural y social
con inquietudes e iniciativas para el
progreso social y político de la nación.
Como la Ilustración ofrece diversos caminos
para el mejoramiento social las personas con
inclinaciones políticas se agrupan en
diversas corrientes de pensamiento: los
clubs de opinión se convierten así en
partidos que tratan de influir en los
miembros de las asambleas para que voten en
función de las ideas ilustradas que proponen
los revolucionarios, y no en función de las
ideas e intereses de sus representados. Así
nacen los partidos que desean apenas unas
reformas mínimas, otros que quieren cambiar
el gobierno, otros que propugnan la
subversión completa de la estructura de
poder, los girondinos, los jacobinos, la
llanura, la montaña... ellos serán los que
impulsarán la revolución y acabarán con la
monarquía y el orden tradicional.
Lógicamente, los partidos evolucionan con el
tiempo. Mientras los ideólogos que definen y
organizan la doctrina de cada partido siguen
perteneciendo a las clases más educadas y
elevadas de la sociedad los partidos tratan
de extender su influencia por toda la
sociedad, a la que inicialmente son ajenas.
Contrariamente al asambleísmo, los partidos
políticos dirigen su representatividad de
arriba abajo. A los representantes de la
sociedad ante el Poder sustituyen los
delegados del Poder (allí donde ha triunfado
la Revolución) ante la sociedad. Nacen así
los sindicatos políticos, los grupos de
presión, la organización territorial de los
simpatizantes de la idea que defiende el
partido, la propaganda, las juventudes...
los partidos políticos pasan a convertirse
en parte integrante de la sociedad.
Pero ¿cuál es su función? Principalmente
convencer a la mayor parte de personas
posibles de la bondad de su propuesta.
Sociedades, pueblos y hasta familia que
previamente no habían participado de la
política más que en función de los asuntos
que pudieran afectarles personalmente se
hallan ahora divididos por su pertenencia a
tal o cual bando. Las diferencias se
convierten en discusiones y las discusiones
en peleas y hasta guerras. Sociedades
razonablemente armónicas entran en una
perpetua discordia por la bondad respectiva
de la idea de mejoramiento social de cada
partido. Las guerras tribales resucitan
ahora, pero ya no por el territorio, la
religión o los recursos naturales, ahora son
por defender la Idea, y se dan entre
hermanos.
Durante este proceso de decenios el partido
político deja de convertirse en una
asociación por el mejoramiento social. Se
convierte en una estructura de influencia y,
cuando alcanza el gobierno, de poder. Su
meta fundamental es perpetuarse durante el
mayor tiempo posible en ese poder que
dispensa los medios necesarios para sostener
ese partido en óptimas condiciones. El
mantenimiento de su influencia social es
ahora clave para lograr ese objetivo.
Así podemos llegar a la situación actual de
los partidos políticos en España. La primera
cuestión a resolver es ¿encarnan fielmente
los representantes en las asambleas las
inquietudes e intereses de aquellos que los
eligen? Hagámonos una simple pregunta.
¿Cuántos españoles conocen a los
representantes que votan para las cortes
nacionales o regionales? Y no hablo de
conocerlos bien, sino de tener de ellos una
imagen pública fácilmente manipulable en
circunscripciones muy pobladas. En la mayor
parte de las veces el 90% de la población
sólo conoce al cabeza de lista y
ocasionalmente a los números 2 ó 3. Lo
desoladoramente cierto es que este sistema,
presuntamente democrático, nos hace
introducir cada cuatro años una papeleta en
una urna en la que figuran 5, 10, 15 o 20
nombres que desconocemos absolutamente. No
sabemos quienes son nuestros representantes
en las cortes de la nación. Desconocemos si
son capaces o torpes, honrados o ladrones,
trabajadores o gandules, sinceros o falsos.
Esa es la realidad de la inmensa mayoría de
los que se sientan en los bancos del
parlamento español y de los autonómicos: son
unos desconocidos para sus representados. El
senado, por su configuración de voto, podría
romper esa dinámica, pero desgraciadamente
el sistema lo ha arrinconado, convirtiéndolo
en una cámara inútil y marginada, donde van
a parar los descabalgados de los grandes
órganos de dirección de los partidos, por lo
que se da la circunstancia de que los
españoles no conocen a prácticamente ningún
senador de España, miembro de la
irónicamente llamada “cámara alta”. Idéntica
y lamentable situación se da con aquellos
encargados de gestionar “la cosa pública”.
La mayoría de la población conoce al
presidente y a los ministros más mediáticos.
El nombre de los secretarios generales de
los ministerios (que acumulan un poder
ejecutivo desmesurado) o directores
generales es desconocido salvo en caso de
que cometan algún error excesivamente
garrafal para ocultarlo a la prensa, en cuyo
caso son objeto de chistes o comentarios
mordaces.
Es bien evidente: en España el elector vota
generalmente en función de unas siglas, en
función de la Idea que estas representan, y
habitualmente no se fija mucho en el nombre
de aquel que las representa, salvo tal vez
el líder, mientras sea “de los nuestros”.
¿Es esto democracia? ¿Es esta ignorancia
generalizada de la función pública, este
desconocimiento de sus derechos políticos
entre los españoles, un sistema democrático?
¿Es envidiable la salud política de una
nación que desconoce los nombres de aquellos
que les representan? ¿En que clase de ciega
tiranía de rostro amable vivimos para que
todos pazcamos como bueyes apacibles
mientras desconocemos por completo quienes
son y como piensan los que nos mandan?
Una sola excepción a este sistema viciado es
señalada habitualmente entre los
comentaristas políticos más concienciados.
Siempre se alude a la “auténtica democracia”
que se ejerce en los pueblos medianos y
pequeños, donde no es raro que un partido
gane las elecciones generales, otro las
autonómicas y aún otro las municipales. La
razón es bien simple: en comunidades donde
casi todo el mundo se conoce, se vota para
los asuntos públicos en función de
parámetros muy cercanos: el alcalde es
alguien que se conoce, se conoce su familia,
su trayectoria personal y política. Se sabe
si es honrado o no, sus inclinaciones y
gustos. Se valora su trabajo anterior por el
pueblo y, si es preciso, se le puede parar
por la calle para exponerle nuestra opinión
sobre tal o cual medida. Los comentaristas
políticos liberales alaban esta idílica
democracia rural con la misma nostalgia con
la que Horacio añora la apacible vida
campestre: con una supina ignorancia. Y
sobre todo desechan la idea de que este
concepto pueda ser trasladado a unidades
representativas mayores. El tamaño lo
impide, afirman. Naturalmente, cuando la
representación está manipulada, se podría
añadir.
Este ejemplo municipal es la clave para
comprender el vicio básico del sistema.
¿Nunca se han preguntado por qué los
partidos independientes son mucho más
frecuentes en pequeños pueblos y se van
haciendo paulatinamente raros hasta
desaparecer por completo en unidades
asamblearias superiores o más pobladas? ¿O
por qué los casos de transfuguismo son tan
frecuentes en los municipios medianos y
pequeños y tan raros en los parlamentos
autonómicos o nacionales? La pregunta que
nos debemos hacer es: ¿a quién se deben
nuestros representantes? Esto es ¿hacia
quién se sienten obligados en última
instancia nuestros concejales, diputados y
senadores?
Comencemos por el principio para poder
responder a esta pregunta. Para comenzar ¿de
qué modo funciona el sistema? Sin duda el
objetivo es la adjudicación de puestos
administrativos, de los cuales depende la
carrera de los políticos profesionales; para
ello es imprescindible el poder. El gobierno
supone la principal fuente de cargos
políticos, pero centrémonos en las
asambleas, que por su importancia son el
objeto central de este artículo. ¿De que
modo acceden los representantes a sus
escaños? Tomemos el ejemplo más simple y a
la vez el más importante, las elecciones
generales. Toda España está dividida en 50
circunscripciones, una por provincia.
Suponen circunscripciones grandes, ya que es
imposible que un representante provincial
pueda ser conocido por todos sus
representados de la misma forma que un
candidato a alcalde de una población de
menos de 20.000 habitantes lo es por sus
votantes. Las circunscripciones más grandes
aportan más de 40 diputados al parlamento
nacional cada una, lo cual da un número muy
grande de nombres sólo entre los partidos
más grandes, que serán los que obtendrán
representación. Llegamos entonces al
controvertido y célebre tema de las listas
cerradas, execrado por todos pero que sigue
existiendo contra viento y marea, ¿curioso,
no?
La confección de la lista cerrada es la
madre del cordero. Pregúntese el lector ¿a
quién deberá su inclusión en la lista el
número 23 de la misma, o el 13, o el 5, es
decir, la gran mayoría de los que
conformarán la masa de “padres de la
patria”? ¿A un elector que ni le conoce ni
se preocupa por él, pues si sale o no
elegido no dependerá de sus capacidades? ¿o
más bien a un jefe de partido, bien local,
regional o nacional que es quién decide o no
su inclusión en la lista? Aquí topamos con
el verdadero poder dentro de un partido, un
poder que pocas veces sale a la luz pública,
pero que es absolutamente determinante: el
hacedor de listas. Habitualmente un
fontanero del cacique regional o nacional
del partido. Son los congresos de los
grandes partidos, los verdaderos mecanismos
de poder en España, auténticas caricaturas
de los concilios toledanos. En ellos se
elige la ejecutiva del partido, teóricamente
por listas (también cerradas) pero casi
siempre los poderosos del partido pactan una
lista única que sale elegida por aclamación:
el caciquismo sobre el caciquismo. El
pináculo de la oligarquía disfrazada de
parlamentarismo democrático. A partir de ahí
todo se resuelve por medio de pactos y
votaciones de resultado conocido de antemano
entre los que detentan así el poder.
La ejecutiva salida del congreso designa a
los elegidos para confeccionar la lista: un
nombre con cierto prestigio o conocimiento
popular y una lista de segundones, gris y
desconocida para el español medio, pero
perfectamente ubicados dentro de su partido.
Las luchas que hay dentro del mismo por
figurar en la lista, y dentro de ella lo más
arriba posible, son antológicas, y se
movilizan todas las influencias y fuerzas
para lograr colocarse en un buen puesto que
pueda garantizar un escaño. Cuando se hace
la selección de los hombres y mujeres que
ocuparán dichas posiciones en la lista,
aquellos que la confeccionan ni remotamente
buscan en los elegidos aquellas virtudes que
serían deseables para un representante
público: dignidad, honradez, capacidad de
trabajo, conocimientos de legislación y
política. El principal criterio de elección
es uno: la lealtad. Pero no la lealtad a los
electores, ni siquiera a la Idea que
defiende el partido; la lealtad a aquellos
que le posibilitan incorporarse al engranaje
de poder de la administración del estado.
Sólo, tal vez, en aquel destinado a
convertirse en portavoz “del grupo”, se
valore la oratoria, si bien como valor
secundario. El resto se convierten en el
auténtico séquito de fideles o
bucelarios, al más puro estilo
altomedieval, de los capitanes de cada
circunscripción.
Con este criterio de selección es lógico que
aquellos que nos representan se caractericen
principalmente por su lealtad absoluta a sus
jefes, por encima de los intereses de sus
representados si es preciso. Asimismo su
mediocridad y su falta de criterio propio
(que queda en manos de las cabezas
directrices) conforman unos grupos
parlamentarios grises, sin atisbo alguno de
brillantez o de suponerles los mejores de
cada generación, como sería deseable,
convirtiéndose en bultos sospechosos,
inactivos y sólo válidos para abucheos y
marrullerías de hemiciclo. Atentos
únicamente a conservar su parcela de poder,
se limitarán a votar aquello que se les
ordene, para seguir saliendo en la foto, y a
cobrar a fin de mes. No es así extraño que
en numerosas ocasiones veamos como, de forma
escandalosa, muchos diputados votan a favor
de leyes y disposiciones que perjudican a
las provincias y regiones que representan. O
que los acuerdos de los jefes de los
partidos hagan que salgan adelante
iniciativas completamente alejadas de lo que
la voluntad mayoritaria de los españoles,
supuestamente representados en cortes
nacionales y parlamentos regionales,
manifiesta.
Nuestro parlamento se podría eliminar y
sustituirlo por reuniones periódicas de los
jefes de cada partido con una bolsa de
canicas cada uno. En ella llevarían tantas
canicas como escaños hubiese logrado su
partido en las elecciones. Tras plantear los
temas a tratar, cada jefe de partido podría
sacar sus canicas y ponerlas en el montón
del sí, del no o de la abstención, votando
así las leyes. Nadie notaría el cambio. Y
nos ahorraríamos unas pingües dietas.
Pero ¿por qué hablo de partitocracia y no de
representación viciada? La razón es que la
arquitectura estatal diseñada por la
constitución de 1978 consagra un dominio
evidente de ese parlamento compuesto de
paniaguados que acabamos de describir. Para
comenzar, el jefe del estado, electivo en
las repúblicas, recae en nuestro país en la
rama familiar de los borbones descendiente
de la princesa Isabel, ilegítimamente
designada reina con el apoyo de los
liberales y el ejército en 1833. Nuestro
jefe de estado está por encima de la ley, es
legalmente “irresponsable”, barbaridad
jurídica propia de monarquías absolutas.
Pero además llegó a tal cargo designado sin
legitimidad alguna por un dictador ilegítimo
a su vez. Su posición efectiva se sostiene
en realidad por un pacto entre los poderes
reales de España, siendo los partidos
políticos las cabezas visibles de esos
poderes. A cambio existe un pacto por el
cual el jefe del estado no ejerce sus
funciones y se limita a sancionar lo que
acuerden las cortes. Adopta un papel de
simple correa de transmisión del gobierno,
convirtiéndose en un mero portavoz o
diplomático de alto rango. Una especie de
relaciones públicas del gobierno español.
El gobierno de la nación y los autonómicos
son designados por los parlamentos, tras
pactos con otros partidos en caso de que el
partido dominante no logre suficiente número
de votos, de modo que el gobierno no es más
que una hechura del partido. Asimismo, no
sólo los ministros, sino cargos menores como
secretarios de estado, directores generales
o subdirectores, en cuyas manos se hallan el
presupuesto público y los resortes del
estado, en su casi totalidad no se hallan en
manos de técnicos conocedores de su
departamento por carrera y oposición, sino
en las de elementos del partido dominante,
que por supuesto antepondrán los intereses
del partido a los del buen funcionamiento de
la administración según sus justas reglas.
La “desprofesionalización” de la
administración en sus cargos altos, medios
y, en ocasiones, bajos (para lo cual no se
duda en numerosas ocasiones en manipular
oposiciones públicas, práctica nada nueva en
España, por otro lado), convierte a esta en
un enorme pesebre de afectos al partido
gobernante, resintiéndose su buen
funcionamiento, puesto que los conocimientos
de la materia en que se trabaja ya no son
criterio fundamental para la designación de
funcionarios.
Pero por encima de la perversión de la
jefatura del estado y la administración
pública, sin duda la abyección más sangrante
de nuestro sistema es la deshonra absoluta
del poder judicial.
La teoría política de Montesquieu afirma que
el poder judicial debe ser totalmente
independiente del ejecutivo, que debe
ejecutar sus sentencias, y del legislativo,
que se limita a generar la legislación que
los jueces deben aplicar. La separación de
estos poderes, que en la monarquía
tradicional se hallaban unidos sólo en su
pináculo, siendo independientes en el resto,
muere definitivamente en esta democracia
liberal y parlamentaria. El Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), órgano de
gobierno del mismo, es designado
directamente por los partidos políticos
según su representación parlamentaria,
convirtiéndose en un pequeño parlamento
liberal afecto al poder político. Así, se
vicia todo el sistema judicial, pues los
jueces saben que no pueden ser
independientes frente a los partidos si
quieren alcanzar el cargo de gobierno
judicial, por lo que se determina su
conducta procesal ante decisiones judiciales
que puedan comportar un impacto político,
como lo son casi todas las de importancia.
Asimismo todos los cuadros inferiores se
vician igualmente, pues están bajo el
gobierno de los jueces más adecuados para
los partidos, y no lo mejores o más
cualificados. Al igual que ocurre con las
listas los partidos designan no a los jueces
más capaces, sino a los más leales, al ser
este el mecanismo de costumbre. Los altos
tribunales sufren también esta corrupción
del sistema, porque están bajo el gobierno
de los jueces politizados del CGPJ, de modo
que sus representantes se eligen
proporcionalmente entre los afines políticos
a los del órgano de gobierno. Todo el
sistema se pervierte y se politiza
gravemente. Es imposible confiar en la
imparcialidad de los jueces cuando juzgan
asuntos o personajes políticos, como se ha
demostrado tantas veces.
No sólo la administración pública o la de
justicia sufren esta politización aguda. Las
cajas de ahorro, fundamentales en la trama
financiera española, están dirigidas por
consejos de administración absolutamente
politizados, al ser los consejeros
designados directamente por los partidos
políticos. Las fundaciones y otros proyectos
financieros auspiciados por las cajas quedan
así condicionados por su capacidad para no
molestar al Poder. Así, todo el entramado
social se resiente: asociaciones privadas de
toda índole que deben relacionarse con el
Poder para obtener permisos o subvenciones,
modulan imperceptiblemente (casi
inconscientemente) sus postulados y
propuestas para que no resulten molestos
para el partido gobernante, y muchas veces
para que no resulten molestos a ningún
partido.
El círculo de la perversión se cierra con la
financiación de los partidos. Dejando de
lado las tramas de financiación ilegal, que
han dado jugosos episodios judiciales en las
democracias liberales, todos los partidos
son financiados legalmente por el sistema.
Reciben una cantidad de dinero de la caja
común de todos los españoles, por lo cual
quedan ligados al sistema, al que no pueden
denunciar para no perder la subvención con
la cual se han acostumbrado a contar. Para
colmo la cuantía de esa subvención no se
realiza en función del número de afiliados,
que sería un dato objetivo de la importancia
social del partido, sino en función del
número de votos que obtienen en las
elecciones nacionales, regionales o
municipales. El vicio del sistema alcanza
así el máximo: los partidos se dedican en
sus campañas no a exponer sus ideas y
defenderlas, como hacían los clubes de
opinión primigenios, sino a “vender” un
mensaje capaz de ser suscrito por la mayor
parte del electorado, independientemente de
que el partido se halle en disposición o
tenga la voluntad de cumplirlo. Los votos
otorgan el dinero que permite hacer campañas
que logran votos, y los votos obtenidos
sirven para lograr el poder que sostiene a
los partidos, encargados de asegurar la
estabilidad del sistema, el cual les
recompensa con dinero para mantener o
incrementar esos votos. La retroalimentación
política es total. Los partidos acaban
convertidos en empresas captadoras de voto,
luchando por su cuota de mercado. Por ello
se gastan ingentes cantidades de dinero en
propaganda, por ello las ejecutivas de los
partidos viven ancladas a las empresas
demoscópicas y a los sondeos, preguntando a
los españoles que quieren oír para
decírselo, en completa desconexión con los
planes reales de gobierno que el partido se
haya trazado en su comité ejecutivo. Lo
importante es conseguir votos, porque sin
votos quedas expulsado del sistema. Una vez
en el poder hay 4 años de impunidad para
realizar el plan de gobierno que convenga, y
en las siguientes elecciones ya se volverá a
realizar sondeos para emitir nuevas
promesas. El procedimiento se ha demostrado
ya eficaz, y los partidos no lo abandonarán.
La partitocracia española es
fundamentalmente divisora de la sociedad
natural. Se crean diferencias artificiales
en función de la pertenencia a uno u otro
partido, señalándose a personas y grupos
como “de tal o cual partido”, antes que
ciudadanos con ideas propias o diversidad de
coordenadas ideológicas, geográficas o
religiosas. Podemos comprobar en nuestra
vida como decisiones de índole técnico
acaban convertidas en asuntos políticos. No
hace mucho en este país las personas de
derechas eran de transvase y las de
izquierdas de desaladora, como paradigma del
disparate político. Ese ambiente de
politizar todos los asuntos públicos
convirtiéndolos en dualismos
izquierda-derecha, rebajando a peleas de
políticos profesionales asuntos serios que
afectan a todos, se ha apoderado de España,
convirtiendo la gestión de los asuntos que a
todos interesan en irrespirables batallas
entre partidos. Cualquier profesional
situado en un escalón suficientemente
complejo ya sabe que cualquier decisión
sensata puede irse al traste cuando “se mete
la política por medio”, obviándose el
sentido común en aras a que triunfen “los
nuestros”, aun a costa de sacrificar los
beneficios “de todos”. Los políticos
profesionales, en vez de gestores de la
sociedad, se convierten en camorristas
verbales con la misión de “destruir al
enemigo”. Y así la sociedad va quedando
hecha jirones por el camino. Los
representantes que deberían defendernos
frente al Poder son en realidad lacayos de
ese Poder. A nosotros sólo nos queda el
consuelo de elegir a ciegas el lacayo cada 4
años.
Pese a su pequeño tamaño, también Atenas
tuvo partidos, golpes de estado y exilios
políticos, seguidos de revanchas, purgas y
nuevos exilios. Mientras Sócrates clamaba
casi en solitario por el gobierno de los
mejores, a su alrededor florecieron los
sofistas y los demagogos, jaleados por “la
inconstante plebe”. La ciudad, rica y culta,
vivió en un permanente estado de agitación
política, se expandió de forma imperialista
y acabó haciéndose odiosa a sus colonias,
que se levantaron contra ella. Sólo alcanzó
Atenas la paz cuando su más odiado enemigo,
el rey Filipo, la conquistó y acabó con su
democracia, conservando la asamblea pero
limitándole las atribuciones que le
otorgaban la decisión última, que quedó en
manos del rey. Filipo fue alabado, pese a
que lo oculte la historiografía moderna, por
la mayoría de los filósofos griegos
contemporáneos y aún de los propios
habitantes de la ciudad. |
