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Se hace imperativo en nuestros días recordar
algo muy simple: un ciudadano mantiene todos
sus derechos políticos intactos, mientras
pague sus tributos y no tenga pena judicial
alguna pendiente. Y mantiene esos derechos
todos y cada uno de los días de su vida
mientras cumpla esas condiciones, y no sólo
en el día del sufragio. Esos derechos
políticos no son regalo de un gobierno, de
un partido político o de la mal llamada
transición, sino que, como muy bien recuerda
el derecho latino, son inherentes a la
persona. Es decir, que no tenemos ninguna
obligación de votar, si no nos gusta ningún
candidato; que, por supuesto, podemos
quejarnos por el mal gobierno (de hecho, es
obligación de todo ciudadano) aunque no
hayamos ejercido el voto y que la potestad
de criticar o disentir de leyes, propuestas
o reglamentos, o denunciar corrupciones y
negligencias la conservamos en cualquier
momento de la legislatura, haya elecciones o
no. Ese es el verdadero significado del
derecho político: la fiscalización que los
ciudadanos, por si mismos o por sus
representantes, tienen la potestad de
ejercer sobre las magistraturas del gobierno
en cualquier momento.
La indigencia educativa en que se halla
la mayoría de la población española
encuentra su máxima expresión en la
ignorancia supina sobre política que
padecemos. Para el español medio, política
quiere decir que cada cuatro años se vota "a
los nuestros" o, con mayor exactitud "contra
los otros", y los políticos son unos seres
ambiciosos y corruptos por naturaleza, que
utilizan el engaño y la falsa promesa para
obtener parcelas de poder. En ese sentido,
el gobierno actual representa el pináculo de
ese concepto de política, aunque no debemos
dar por sentado nada, pues ya se sabe que
todo es susceptible de empeorar.
Conceptos como el honor o el
mantenimiento de la palabra dada son motivo
de hilaridad entre las clases dirigentes. Ya
nadie cree en ellos y nadie los espera en
los demás. Dice un antiguo refrán que el
pescado siempre empieza a pudrirse por la
cabeza. Hace muchos años que los poderosos
de este país carecen de escrúpulos y de
honradez. Tal actitud, sencillamente, se ha
extendido poco a poco al resto de la
sociedad. Y sin embargo, el bien común, el
orden, la prosperidad y la Justicia, son
aquellos motivos por los que la sociedad
clásica creó la política, es decir "lo de la
ciudad", o sea, aquellos asuntos públicos
que afectan e interesan a todos. Sin ideales
públicos de virtud y amejoramiento, el
desorden y la degeneración se instalan en
una sociedad. Los ideales han sido
sustituidos por eslóganes y la moralidad por
intereses espurios. Si los políticos no son
ejemplares o mejores que los demás, sobra su
existencia.
Si queremos regenerar políticamente
nuestra sociedad, hay que comenzar desde la
base. Lo primero, entender lo que es la
política, el arte de servir a lo común. No
hay tradición política más libre que la
hispánica, que nació de comunidades pequeñas
que hubieron de combatir, muchas veces por
sus propios medios, contra el invasor
ismaelita. Sus propios usos y costumbres
locales, mucho más justos e igualitarios que
cualquier derecho positivo, fueron ley que
hubieron de respetar poderosos y reyes para
construir nuestra Patria. Y la tradición
hispánica nos regala un valioso concepto
como es el de mandato imperativo. El mandato
imperativo es la obligación que tiene un
representante político de trasladar a la
asamblea donde ejerce tal representación
aquella decisión exacta de la asamblea
inferior que lo ha elegido. Es decir, se
convierte en portavoz de sus representados.
Si el representante antepone su propia
opinión o intereses o presiones externas a
la decisión de sus representados, pierde
automáticamente la condición de
representante, y puede ser sancionado de
acuerdo con lo que decida la ley en cada
asamblea. ¿No es acaso ese mandato la
garantía más perfecta que pueda existir de
que los representantes de la sociedad sirven
fielmente a los deseos de la misma?
Compárese con la rutinaria impunidad con que
los representantes actuales violan los
intereses y deseos de sus representados.
Pero es que la ignorancia política a la
que el perverso sistema liberal ha conducido
a la ciudadanía llega a extremos
inconcebibles. Tal vez el más escandaloso
sea el hecho de que magistraturas y
representaciones son ejercidas por las
mismas personas, ¡de hecho, los ministros
han de ser representantes para poder ejercer
su magistratura! El colmo de la aberración.
Veamos por qué.
Dos tipos de figuras políticas existen en
un sistema político moderno, totalmente
diferenciadas, y de hecho, antagónicas:
magistrados y representantes.
Los magistrados son las personas
encargadas de ocupar puestos concretos en el
gobierno y en la administración. Gestionan
los recursos, toman decisiones de gobierno y
pueden proponer leyes. Los magistrados
pueden ser elegidos o, más comúnmente,
designados por la autoridad máxima (la
corona, en el sistema Tradicional), aunque
en los escalafones no superiores pueden
acceder al cargo por oposición. Los
magistrados deben de ser, ante todo,
personas de gran competencia profesional,
eficaces y absolutamente honrados. No es
necesario que sean populares ni muy
conocidos. Forman parte del entramado del
poder y es preferible (debería incluso ser
obligatorio) que hubiesen cursado estudios
superiores de derecho, administración y
economía, teniendo experiencia previa en
esos campos.
Los representantes políticos, por contra,
son los miembros de las asambleas que
representan a los ciudadanos, que trasladan
al poder sus inquietudes, necesidades y
propuestas. Asimismo pueden votar y vetar
los proyectos de ley presentados por el gobierno. Tienen
una función importantísima, como defensores
de sus representados ante los abusos de
poder, así como la obligación de fiscalizar
la acción de gobierno. Su papel es ser
fieles portavoces de las inquietudes y
anhelos de la sociedad. Es decir, son la voz
de la sociedad frente al poder. Por ello, no
sólo no pueden tener relación íntima con ese
poder, sino que deben ser opositores
naturales del mismo. Es una aberración, por
ejemplo, que reciban salario de la
administración, lo cual coarta completamente
su libertad; han ser sostenidos por aquellos
que les eligen. Su principal cualidad es la
fidelidad a sus representados, además deben
ser laboriosos, honorables, escrupulosos en
el examen del gasto público y, a ser
posible, con buena oratoria. Suelen ser
personas conocidas en su ambiente, y es
preferible, aunque no imprescindible, que
posean estudios e inteligencia natural.
Como hemos visto, magistrados y
representantes ejercen, dentro del objetivo
común del mejoramiento de la nación, labores
opuestas y hasta antagónicas: los
magistrados tratarán de llevar a cabo
un buen gobierno, y los representantes se
asegurarán de que las decisiones de los
primeros sean justas, honradas, y respondan
a las necesidades de la sociedad. Cada uno
ha de empuñar el remo opuesto que lleve la
barca de la Patria por el rumbo correcto, y el
jefe del estado, el rey, ha de empuñar el timón. Resulta
evidente que magistrados y representantes no
pueden, bajo ningún concepto, ser las mismas
personas, dado el diferente papel que
ejercen en el entramado político. En nuestro
sistema actual, sin embargo, vemos como las
mismas personas pueden ser representantes o
magistrados indistintamente o a la vez,
saliendo y entrando del poder sin resignar
su representación con total descaro. Se
trata, pues, de un sistema perverso, que
deja al ciudadano indefenso ante las
veleidades o intereses del poder.
Para acabar con este lamentable estado de
cosas, se impone un cambio, no de partidos,
sino de sistema. Las raíces del derecho
político español, arrancadas progresivamente
en los últimos 175 años, hasta hacerlas
desaparecer, garantizan el control de la
acción de gobierno y la defensa eficaz de
los intereses y propuestas de los distintos
cuerpos intermedios de la sociedad. Para
ello, invitamos a todos los españoles de
bien a unirse a las filas de la Tradición.
No hay porqué conformarse al estado de cosas
cuando este es incorrecto, no hay razón para
plegarse al mal menor. El anhelo del bien
común reside por naturaleza en el corazón de
cada cristiano, y a él apelamos los
carlistas.
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